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CLARINHA GLOCK
PORTO ALEGRE, Brasil, sep (Tierramérica) La batalla contra las industrias de la celulosa se intensificó en los tribunales de Brasil, especialmente en los estados donde más se expanden las plantaciones de eucalipto: los orientales Bahía y Espírito Santo y el sureño Rio Grande do Sul.
En Rio Grande do Sul, cinco organizaciones ambientales se unieron el mes pasado en una acción judicial contra la presidenta de la Fundación Estadual de Protección Ambiental (Fepam), Ana Maria Pellini, a la que acusan de haber practicado acoso moral al presionar a sus funcionarios en procesos de interés del sector papelero.
La denuncia se refiere a amenazas y desplazamiento injustificado de técnicos que se habrían negado a modificar criterios en la Zonificación Ambiental de la Silvicultura, en la licencia para construcción de represas y en una ampliación para cuadruplicar la fábrica de celulosa de Aracruz, mayor empresa brasileña del sector, controlada por los grupos familiares Lorentzen, de origen noruego, y Safra, de Líbano. «Nos quieren imponer una dictadura ambiental y rechazamos ese control», reaccionó Pellini, negando las acusaciones y destacando que, al asumir su cargo, encontró 12.000 solicitudes de licencias ambientales a la espera de evaluaciones y por eso tuvo que poner en marcha un plan de emergencia en la Fepam.
El secretario de Medio Ambiente de Rio Grande do Sul, Carlos Brenner de Moraes, defendió a su funcionaria de confianza y las inversiones en silvicultura, que alcanzarán 10.700 millones de reales (6.550 millones de dólares) entre 2007 y 2011.
«Cada millón de reales representa 76 empleos», arguyó. Las acciones judiciales en este estado del extremo sur brasileño se encaminan principalmente a irregularidades en licencias ambientales y acuerdos para que se hagan estudios e informes de impacto ambiental.
«Exigimos más restricciones, porque la zonificación ambiental, recientemente aprobada, ofrece baja protección», explicó Annelise Steigleder, fiscal de Medio Ambiente de Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul.
En Bahía, estado del Nordeste brasileño, la fiscalía estadual ha pedido a la justicia anular licencias ambientales para plantar eucaliptos, obtenidas por la empresa de celulosa Veracel, creada por una asociación entre Aracruz y la sueco-finlandesa Stora Enso.
La firma empleó «medios ilícitos, desde corrupción de funcionarios de órganos licenciadores a sobornos de alcaldes y concejales», señaló João da Silva Neto, coordinador de la fiscalía en Eunápolis, municipio del sur de Bahía. También se obtuvieron de forma irregular certificados de calidad para asegurar exportaciones, acotó.
Tras 15 años de trámite en los tribunales, el desenlace de la primera acción del ministerio público contra Veracel, en julio, fue una multa de 20 millones de reales (12,3 millones de dólares), respondiendo a denuncias de organizaciones no gubernamentales, como la internacional Greenpeace y la brasileña SOS Mata Atlântica. La empresa fue multada y condenada a retirar plantaciones de eucalipto en una superficie de 96.000 hectáreas –distribuidas por cuatro municipios bahianos– y a reforestarlos con especies nativas del Bosque Atlántico, el ecosistema afectado. Veracel pidió la suspensión de los efectos de la sentencia, porque el examen judicial hecho en la época de la denuncia de «supuestas irregularidades y deforestación» en 64 hectáreas no comprobó daños ambientales, dijo a Tierramérica el presidente de la empresa, Antonio Sergio Alípio.
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La empresa obtuvo recursos de la alcaldía, sin tener el estudio de impacto ambiental, para desviar aguas del río Doce al Riacho, principal fuente de agua para sus fábricas», justo cuando uno de sus ex directores era secretario de Desarrollo del gobierno estadual, dijo a Tierramérica Ribeiro Filho.
La alcaldía justificó la operación alegando que la canalización se destinaba a mejorar el suministro de agua a la población de dos barrios.
La sociedad civil no dispone de condiciones financieras para enfrentar a tales empresas en los estrados judiciales, lamentó Ribeiro. «Es una pelea de David contra Goliat», sostuvo.
Las iniciativas judiciales en varios puntos de Brasil son producto de la conciencia de la sociedad, escarmentada por los daños que provoca el monocultivo de eucalipto, como el éxodo rural.
Cambio climático impone nuevas condiciones a la política
SARA LARRAÍN *
Si el empresariado exportador de materias primas y los estados de América Latina insisten en sistemas productivos depredadores, los recursos naturales difícilmente podrán sostener el desarrollo futuro, afirma en esta columna exclusiva la chilena Sara Larraín.
SANTIAGO, sep (Tierramérica). El cambio climático, antes solo una evidencia científica, es hoy un urgente imperativo político. Asumirlo constituye un tremendo desafío para la sociedad planetaria y el reto más estructural para la economía mundial.
En América Latina no es un reto menor, pues se pronostica un aumento severo de la temperatura: entre 0,6 y 1,2 grados para el año 2020 y entre 1,8 y 4,5 adicionales hacia 2080, más una reducción de las lluvias, particularmente en el Cono Sur americano.
Estos cambios afectarán gravemente los ambientes continentales y la disponibilidad de agua para consumo humano, generación eléctrica y producción agrícola; habrá mayor exposición al deterioro forestal y de ecosistemas de montaña y más desertificación.
El Grupo de Trabajo II del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) afirma que los sectores con mayor impacto social, económico y ambiental en la región serán la agricultura, el abastecimiento de agua y la salud de la población.
Para los países de América Latina, cuyas economías dependen en gran medida de los ingresos por producción, procesamiento y exportación de hidrocarburos, exportación de materias primas y sectores intensivos en agua y energía, como celulosa, acero y minería, la mitigación de este fenómeno constituye un reto para el corazón de su estructura productiva.
Nuestra región está obligada a diseñar estrategias menos consumidoras de capital natural, menos intensivas en agua, energía y transporte, y más generadoras de empleo.
Pero también necesita nuevos diseños en la planificación urbana, medios de transporte e infraestructura energética, con acento en la eficiencia energética y en el desarrollo de fuentes renovables no convencionales.
Pese a este panorama, América Latina tiene un gran potencial para la mitigación biológica de los cambios climáticos, es decir la conservación de ecosistemas existentes y mayor secuestro de dióxido de carbono, por aumento del tamaño de las reservas de ese gas de efecto invernadero.
El Grupo de Trabajo II señala que bosques, tierras agrícolas y otros ecosistemas terrestres pueden conservar y secuestrar mucho carbono, dando tiempo a que los cambios tecnológicos y los nuevos patrones de producción y consumo se desarrollen e implementen. Pero este potencial debe traducirse en un compromiso político que nuestra región aún no ha materializado.
Existe consenso en que el centro de las estrategias de adaptación al cambio climático es la protección de los ecosistemas.
El Grupo recomienda fortalecer políticas, planificación y gestión, para prevenir su explotación y degradación, y también empoderar a las comunidades a fin de proteger territorios y desarrollar economías locales sobre la base de servicios ambientales, con prioridad en formas de bonificación y producción agro-ecológicas y estableciendo nuevas áreas protegidas.
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El cambio climático es un problema global de largo plazo e involucra complejas interacciones entre procesos climáticos, ambientales, económicos, políticos, institucionales, sociales y tecnológicos, a nivel internacional e intergeneracional. Afrontar un nuevo sistema climático y la exacerbación de los fenómenos extremos requiere nuevas formas de gestionar los sistemas humanos y naturales.
Nuestra región enfrenta grandes amenazas sobre sus territorios y sistemas productivos a causa de los cambios climáticos. Pero también tiene grandes oportunidades para reorientar las políticas públicas bajo criterios de equidad y sustentabilidad en los ámbitos de energía, agricultura, planificación urbana y gestión de los recursos naturales.
*Sara Larraín es directora del no gubernamental Programa Chile Sustentable. Derechos exclusivos Tierramérica.
Breves Latinas
MÉXICO
Maestros no saben ciencias naturales
MÉXICO. Una medición realizada a profesores de ciencias en la enseñanza media de México indica que saben muy poco de física, química y biología. La medición del Centro de Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional Autónoma de México consistió en pruebas y entrevistas, efectuadas en 2007 a 438 profesores de ciencias en 10 de los 32 estados del país. En biología registraron un promedio de calificación de 4,8 sobre 10, en física de 3,3 y en química de 3,6.
HONDURAS
Frente común contra tala ilegal
TEGUCIGALPA. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras suscribió un convenio con organizaciones civiles y el gobierno, como parte de una estrategia común para frenar la tala de árboles y el tráfico ilegal de madera. Así lo informó a Tierramérica el ombudsman hondureño Ramón Custodio, quien resaltó que el convenio implica el funcionamiento de una comisión interinstitucional con su reglamento, que dará seguimiento a las acciones y recomendaciones que surjan en el marco del proyecto de control forestal.
ARGENTINA
Denuncian matanza de ñandúes
BUENOS AIRES. Una organización ambientalista de Argentina denunció la matanza de varios centenares de ñandúes (Rhea americana), cada vez más escasos en la central provincia de Córdoba frente al avance del cultivo de soja. «Son cazados por gente de la zona que se mueve con total impunidad», explicó a Tierramérica Raúl Montenegro, de la Fundación para la Defensa del Ambiente, con sede en la central ciudad de Córdoba. Montenegro dijo que los atacantes destruyen alambrados, se introducen clandestinamente en propiedades, roban ganado y matan salvajemente a los ñandúes.
