CLARINHA GLOCK
IPS/IFEJ. ORTO ALEGRE,  (IPS/IFEJ).  Porto Alegre, la ciudad del sur de Brasil que fue pionera en presupuestos participativos y políticas ambientales, y sede inicial del Foro Social Mundial, está de vuelta en la escena internacional.

Elegida como una de las 12 sedes del campeonato mundial de fútbol 2014, la capital del sureño estado de Río Grande do Sul, con cerca de 1,4 millones de habitantes, vive un dilema.

En agosto, su ciudadanía votará si acepta o no la construcción de edificios residenciales en la zona de Ponta do Melo, a orillas del río Guaíba. La consulta se inserta en un contexto de planes de grandes obras, como la ampliación de estadios deportivos y el tendido de avenidas, destinados a recibir mejor a los visitantes del campeonato de fútbol.

Pero algunos de estos proyectos son cuestionados ante la justicia por su potencial daño ambiental. La Ley Orgánica de Porto Alegre determina que las áreas próximas a la ribera son de preservación permanente.

La Ponta do Melo, situada entre el centro y la zona sur de Porto Alegre, fue antiguamente un área portuaria y de interés para la seguridad nacional. Entre 1952 y fines de los años 90 funcionó allí la empresa naviera Estaleiro Só (Astillero Único). En 1976, el municipio la eximió del pago por la utilización del predio que ocupaba, de 60.000 metros cuadrados.

Al quebrar Estaleiro Só, la justicia determinó su ejecución y remate para pagar deudas laborales. En 2005, los terrenos fueron rematados por la empresa SVB Participações Empreendimentos, que los transfirió a BMPar Empreendimentos.

Por entonces, la ley municipal 470/2002 sólo autorizaba a erigir allí instalaciones comerciales con varias restricciones urbanísticas.

En 2008, BMPar interesó a un grupo de concejales con la idea de que un gran proyecto tendría viabilidad económica, argumentando que una obra mixta, comercial y residencial, contribuiría a una mayor seguridad del área.

El concejo municipal redactó una reforma de la ley 470 para permitir la construcción de edificios residenciales en el área, que pasó a ser llamada Pontal do Estaleiro.

Entonces empezaron las protestas. “El proyecto no respetó la participación de la sociedad”, argumentó el concejal Beto Moesch, que había votado en contra de la ley 470 en 2002 y se opuso a su reforma el año pasado.

En varias audiencias públicas, representantes de la empresa se mostraban abrazando a concejales frente a una platea que les gritaba “vendidos”. La fiscalía abrió proceso para investigar denuncias de sobornos a legisladores municipales para que apoyaran la reforma, pero el caso fue archivado.

La reforma de la ley 470 fue aprobada en una tensa sesión en febrero de este año.

Ante la reacción social, el alcalde José Fogaça interpuso un veto y sometió otro proyecto al concejo, con el añadido de que la población debía ser consultada.

Mientras, se aprobó una enmienda ampliando de 30 a 60 metros la faja de tierra que debe permanecer libre entre la orilla y las construcciones.

En consecuencia, la empresa BMPar declaró que desistiría de erigir viviendas en el Pontal. Aun así, la reforma de la ley 470 fue votada nuevamente en el Concejo y se fijó un plazo de 120 días para convocar la consulta ciudadana.

Para el Movimiento en Defensa de la Ribera del Guaíba un “Sí” de las urnas a las construcciones residenciales instalaría un peligroso precedente de ocupación de zonas costeras.

Ricardo Gothe, titular de la Secretaría Extraordinaria de la Copa del Mundo 2014 vinculada a la alcaldía de Porto Alegre, replicó para este artículo que “esa ya es un área privada, y tendrá atractivo, calificación y protección”. Lo que no se ocupa  se destruye, según Gothe.

Originalmente, recuerdan los ambientalistas, el Pontal fue cedido por el municipio al astillero con un fin específico.

Agotado éste, debería retornar al uso público.

El arquitecto y urbanista Nestor Ibrahim Nadruz explicó para este artículo que el proyecto volverá más caótico el tránsito en la zona y causará daños a la ribera por la construcción de los edificios.

El resto de los predios perderán los vientos y la luminosidad natural que aporta el río, aumentarán las aguas servidas y la basura y la población se verá privada de la famosa puesta del sol en el Guaíba.

Mientras se define el futuro de Ponta do Melo, una acción popular intenta evitar supuestos perjuicios a otras áreas de preservación permanente.   

El recurso de amparo, presentado por ecologistas, pide la urgente suspensión de leyes de enero de este año que autorizaron a ampliar los estadios de dos clubes de fútbol, el Sport Club Internacional y el Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense. 

Zoom

El estatuto

Según el estatuto de la ciudad, alteraciones como las previstas para el campeonato de fútbol sólo pueden decidirse con participación y aprobación de la sociedad.    Los ecologistas están resabiados con experiencias anteriores. En 2007, en una audiencia pública para analizar cambios al Plan Director, el Comam denunció que habitantes de otros municipios habían sido trasladados en autobús y recibieron refrigerios gratuitos para ocupar espacios en el recinto y evitar la llegada masiva de vecinos y ambientalistas.

De no ser por la presión del Comam y del no gubernamental Foro de Entidades, afirman, se hubieran aprobado los cambios atendiendo sólo los intereses de empresarios de la construcción.

·  Este artículo es parte de una serie producida por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional de Periodistas Ambientales).

Estrago imparable de los manglares guatemaltecos

Danilo Valladares

GUATEMALA,    (Tierramérica) “Antes este lugar era bellísimo, era una verdadera selva de manglar. Con la llegada de las camaroneras, la tala hizo que perdiéramos 60 por ciento del bosque”, lamentó Francisco Vásquez, administrador de un hotel a orillas del océano Pacífico, en el sudoriental departamento guatemalteco de Jutiapa.

La deforestación provocó azolvamiento (depósito de sedimentos) y es visible su efecto en los animales, porque el mangle es el santuario donde se crían muchas especies, como peces, aves migratorias y mamíferos, explicó el hotelero a Tierramérica. 

Según un estudio de la Escuela de Pensamiento Ecologista Savia, en los últimos 50 años el país de 108.889 kilómetros cuadrados perdió dos tercios del área boscosa original y la diversidad biológica que albergaba.

Hoy se esfuman 73.000 hectáreas anuales de selva.    La desaparición de bosques redujo la capacidad natural de regulación del clima, elevando el riesgo de deslizamientos derrumbes. Además, se han perdido ecosistemas, flora y fauna, así como las capacidades para captar, purificar y almacenar el agua, advirtió la escuela ambiental.

El caso de la desaparición del mangle es uno de los más dramáticos, según ecologistas. “Muchos manglares se destruyeron por actividades agroindustriales, el algodón, la palma africana, la actividad camaronera, y en tiempos más recientes por la construcción de complejos turísticos”, dijo a Tierramérica Carlos Salvatierra, de Savia.

El bosque de estas especies, que crecen en zonas costeras de países tropicales, “constituye uno de los ecosistemas más productivos del planeta por la alta cantidad de animales que alberga  mamíferos, moluscos,  importantes para la supervivencia de las comunidades locales”, agregó.

La enmarañada configuración de la planta de mangle actúa como una barrera natural que filtra la contaminación, impide la salinización del suelo, evita la erosión y amortigua los fuertes vientos provocados por los huracanes.

Pese a estos beneficios y los riesgos que conlleva su desaparición, el mangle ha sido arrasado  de las costas guatemaltecas.

Desde 1950 el país ha perdido unas 26.500 hectáreas de manglares que representan 70 por ciento de su extensión histórica, según el Análisis Económico Recurso Marino Costero de Guatemala, realizado por la organización TNC en 2008. 

“Esto tiene serias implicaciones, como el aumento de la vulnerabilidad a fenómenos naturales como el huracán Mitch (1998) y la tormenta tropical Stan (2005), así como la reducción de fuentes de alimentos”, señala el informe.

Breves

Mapuches unifican lucha por derechos

SANTIAGO.   Dirigentes del pueblo indígena mapuche, el más numeroso de Chile, anunciaron una nueva ofensiva contra el gobierno de Michelle Bachelet por mayores derechos territoriales, políticos y culturales.    Un centenar de líderes de esta etnia llegaron el día 7 a la capital, provenientes de la sureña región de la Araucanía, para intentar reunirse con la mandataria en calidad de autoridades tradicionales.

Promueven programa de seguridad alimentaría

TEGUCIGALPA.   El Programa Especial para la Seguridad Alimentaría (PESA) mejoró en los últimos dos años las condiciones de vida de más de 14.000 familias del interior de Honduras, informó a Tierramérica una fuente oficial.    Los beneficiarios del PESA fueron formados en manejo de recursos naturales, producción diversificada y desarrollo rural, “bajo el enfoque de la sostenibilidad y la promoción de las políticas de seguridad alimentaría”.

Crean mercado de desechos industriales

RÍO DE JANEIRO.   La Bolsa Nacional de Residuos de Brasil propiciará una negociación de desechos industriales entre empresas, mediante un sitio en Internet.   La intención es promover ganancias financieras y ambientales, al impedir que los residuos sean arrojados en la naturaleza, y reducir el uso de materias primas.

André Vilhena,  dijo  que la Bolsa es “interesante”, pero alertó sobre la especulación de precios.