MANUEL QUIROZ 
El nivel de inconciencia acerca de obligaciones que deberían ser de ineludible cumplimiento es una de las principales causas de que muchas situaciones que requieren disciplina y ordenamiento marchen contradictoriamente en el país, en total “manga por hombro” como se dice popularmente.
A veces este tipo de comportamiento “medalaganario” es atribuido a un rasgo atávico de la idiosincrasia nacional, o sea una persistente renuencia a someterse al imperio de la ley y el orden, pero también se ve en parte como resultado de la falla o falta de drasticidad en autoridades que están llamadas a garantizar una coexistencia armónica.
Para el logro de este vital objetivo, sin el cual la convivencia ciudadana puede caer en la anarquía social con todos sus desquiciantes efectos, no hay que recurrir a actos arbitrarios, sino ceñirse al fiel sometimiento a las normas legales y aquél principio universal de que el respeto al derecho ajeno es la paz, enarbolado por Benito Juárez, el Benemérito de las Américas.
En ese sentido, es tiempo ya de que los ciudadanos en general, sin importar nivel social o económico, entiendan la necesidad no solo de exigir derechos, sino también de cumplir deberes si queremos contribuir a tener una nación próspera, justa y modernizada.
Este tema adquiere renovada importancia y actualidad, a propósito de lo que ha planteado el alcalde del Distrito Nacional, David Collado, de que se procederá al sometimiento a la justicia a las personas que sean sorprendidas regando basura en las calles.
Se trata, no hay duda, de una medida que en lugar de críticas o protesta lo que debe provocar es apoyo total en la ciudadanía consciente que aspira a vivir en una sociedad donde no impere el desorden y el irrespeto.
Aquellos que en su obcecación puedan tener alguna reacción aislada, si tienen algún recato o prurito de prudencia, suponemos que se cuidarán de no pronunciarse públicamente, porque con ello estarían identificándose con el crimen de tirar desechos en las vías públicas.
Este tipo de comportamiento incivilizado tiene que ser combatido en todas sus formas y modalidades porque en primer término afecta el entorno urbanístico y da una mala imagen a las ciudades ante habitantes y turistas y, más grave que eso, es una peligrosa fuente propicia para el surgimiento de enfermedades.
Si los dominicanos cumplen con estas normas cuando viven en Estados Unidos y países de Europa, donde son de efectivo cumplimiento general, sobre todo porque los violadores se exponen a multas y sanciones severas, ¿por qué aquí en su patria no pueden contribuir al bien común?
Tiene sobradas razones el alcalde cuando dice que no se puede culpar únicamente a las autoridades municipales de los problemas de la acumulación de basura, sino que también es obligación de familias y personas individuales cumplir con sus deberes cívicos.
A los cabildos corresponde cumplir con su deber de garantizar con flotillas de camiones la recogida de la basura, que por cierto no es un servicio gratuito, pero luchar contra este problema resulta virtualmente imposible si en cualquier entorno barrial las esquinas son convertidas en vertederos públicos.
Es de esperar, pues, que este anuncio que como es comprensible no es en principio simpático -porque cuando se habla de sanciones nada logra tal condición- se cumpla con amplitud y que la propia ciudadanía comprenda que a fin de cuentas será la principal beneficiaria porque es para su propia protección.
