SUCRE, Bolivia (AFP).– Eduardo Rodríguez Veltzé, titular de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia, fue designado por el Congreso como nuevo presidente de Bolivia en reemplazo del dimitente mandatario Carlos Mesa, y ahora tendrá como misión convocar a elecciones anticipadas.

   La elección de Rodríguez se produjo minutos después de que el Congreso aceptara por unanimidad la renuncia de Mesa y tras la declinación de los líderes del Congreso, Hormando Vaca Díez y Mario Cossío -primeros en la línea de sucesión presidencial- debido a enormes presiones populares, con disturbios que causaron un muerto.

    Una misión de legisladores se trasladó la noche del jueves a invitar a Rodríguez, un jurista de 49 años, dirigirse al Congreso para ser investido.

   Previamente Vaca Díez se vio precisado primero a renunciar a su aspiración ante la evidencia de que su nombramiento aumentaría el caos en el país, a renunciar a aspiración de suceder a Mesa. El propio Mesa había señalado la víspera que de no dar un paso al costado podría producirse «una guerra civil».

   En su mensaje de renuncia, Vaca Díez hizo fuertes críticas al presidente Mesa y al líder cocalero y congresista socialista Evo Morales, este último líder de las manifestaciones que sacuden el país.

   Vaca Díez pidió a Evo Morales y su grupo «que desmovilicen, que devuelvan la calma y la tranquilidad; no se puede estar en el Congreso usando la democracia para atentar contra ella, a costa de enormes sacrificios para el país».

   «Quiero anunciar a los bolivianos que en la sesión de Congreso, si el voto es por la aceptación de la renuncia (de Mesa), Hormando Vaca Díez declinará irrevocablemente», dijo, en una clara alusión a Mesa, quien no al anunciar su dimisión no mencionó el carácter de irrevocable.

   Pocos minutos después se conoció la del presidente de Diputados, Mario Cossío -que se daba por descontada- y con eso se allanó el camino para la sucesión de Rodríguez, un jurista de 49 años, que llegó a la Corte en 1999 como ministro para presidirla cinco años después.

   Su hoja de vida no anota actividad política alguna y, en cambio, incluye una amplia trayectoria en la actividad jurídica.

   Entre ellas, cursó una maestría de Administración Pública en la prestigiosa Universidad de Harvard de Estados Unidos y fue docente en varias universidades bolivianas.

   El Congreso boliviano -que no pudo sesionar en los días previos en La Paz por los desórdenes que allí se produjeron- también fracasó en sus primeros intentos de hacerlo en Sucre, capital constitucional, pues hasta allí se desplazaron los manifestantes con un solo fin: impedir la nominación de Vaca Díez, un político de derecha.

    La Paz, su sede natural, está desde hace semanas virtualmente copada por manifestantes y al borde del desabastecimiento luego de semanas de protestas en reclamo de nacionalizar los hidrocarburos.

   Los legisladores se habían citado en Sucre, ciudad de 400.000 habitantes a 740 km de La Paz, protegidos por unidades militares en pie de guerra en un clima de creciente tensión que se desbordó finalmente cuando se informó de la muerte de un minero y dirigente sindical de 52 años, baleado por tropas del Ejército cuando intentó pasar una barrera militar cerca a Sucre.

   Unos 1.500 militares participaron de la operación de seguridad, desplegados en los límites de la ciudad y en estratégicos puntos rurales para frenar el ingreso de grupos de manifestantes considerados «muy beligerantes», con los cuales protagonizaron choques.

   En medio de la zozobra, las Fuerzas Armadas bolivianas advirtieron en un comunicado que «en el marco de sus atribuciones actuarán, de ser necesario, para preservar la integridad y soberanía nacional».

   Morales fue uno de los más enconados opositores a la eventualidad de que la presidencia recayera en Vaca Díez.

   La oposición a Vaca Díez llegaba a tal punto, que los alcaldes de varias poblaciones y ciudades bolivianas -entre ellas La Paz, Potosí, Cochabamba y la misma Sucre- se declararon en huelga de hambre en protesta ante la posibilidad de que su nombramiento se concrete.

   La dimisión de Mesa -cuyo mandato iba hasta agosto de 2007- se registra tras 20 meses de gestión, en la que no consiguió contener los reclamos por la estatización de los recursos energéticos ni las exigencias regionales de mayor autonomía.