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La Conferencia del Episcopado, en uno de sus mensajes dirigido al pueblo dominicano con motivo de la celebración de los 172 años de la fundación de la República, expresó su preocupación ante el incumplimiento de parte del Poder Legislativo de la Ley General de Educación.

En la Carta Pastoral a la cual nos referimos, los obispos dominicanos proponían la implementación de un pacto multisectorial que abogara que el sector de educación recibiera los recursos que fueran necesarios para que todos los dominicanos y dominicanas en edad escolar disfruten del derecho de una educación de calidad.

A nuestros pastores les preocupaba el hecho de que el sector de educación no dispusiera de suficientes recursos en momentos en que el Gobierno de turno pregonaba (todavía lo hace) la inserción de la República Dominicana en la sociedad global.

En la sección económica del periódico HOY, en su edición correspondiente al 28 de febrero del año 2006, aparecen unas declaraciones de los empresarios de Herrera contenidas en el boletín de su agrupación dando cuenta que “causaba espanto la velocidad a la que el país retrocedía en términos competitivos debido, básicamente, al deterioro de la educación y a la crisis eléctrica”

Los empresarios e industriales dominicanos estimaban que las universidades y los institutos de formación técnico profesional del país no estaban recibiendo de parte del Estado los recursos económicos que necesitaban; y que sus egresados no estaban en capacidad de responder a las necesidades del aparato productivo del país.

El entonces presidente de la sociedad que agrupa a los empresarios e industriales de Herrera, ingeniero Ernesto Villalta, entre otras consideraciones, afirmaba que el país retrocedía en vez de avanzar; que consideraba fatídico para el futuro cercano de la producción nacional.

El destacado economista Miguel Sang Ben compartía la misma opinión que los empresarios industriales de Herrera cuando advertía que la competitividad de la República Dominicana era cada vez menor a la competitividad de cada uno de los países centroamericanos.

Dos días antes del pronunciamiento de los obispos, el rector de la Pontificia y Real Universidad Autónoma de Santo Domingo, maestro Roberto Reyna, había advertido que los programas de mejoramiento de la calidad de la educación que se ofrecen en la UASD podrían suspenderse por falta de recursos económicos conque sostenerlos y que la docencia en algunos centros universitarios regionales podría ser interrumpida por la misma causa.

Obispos, empresarios y economistas han criticado baja calidad de la educación

Más de 40 horas laboran cada semana los investigadores y docentes de la UASD

Y para completar sus gastos, muchos tienen que laborar en otros centros