FERNANDO I. FERRÁN
El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica (DR-CAFTA) está por desordenarnos la casa. No ya por las polémicas que suscita sino por las sorpresas que nos deparan actores desconocidos. En efecto, gracias a aquellas polémicas hemos descubierto algunas verdades que son evidentes por sí mismas. Entre éstas, que ningún país del mundo, ninguno, ha logrado progresar condenando a la quiebra a sus sectores agropecuario e industrial.

 De manera que si el país necesita aquel tratado para no aislarse, como argumentan sectores importantes del país como las zonas francas, comerciantes importadores y otros, con tanta si no más razón necesita proteger su aparato productivo de la competencia desleal y de normas comerciales arbitrarias.

Ahora bien, si aún es válido aquello de vestirse despacio porque tengo prisa, es imprescindible acabar de determinar el impacto que el DR-CAFTA tendrá en el aparato productivo nacional, comenzando por el agropecuario. Y de nada vale que penda sobre nosotros una amenaza de exclusión que, dicho sea de paso, también se esgrime ahora sobre Guatemala tras la no aprobación de la extensión por cinco años de patentes legales a ciertos medicamentos. De nada vale decía porque, si aquí no se vela por los intereses dominicanos, ¿dónde se hará?

Quizás para evitar la duda, el Senado dominicano aprobó en primera lectura una iniciativa que abarca a todo el sector agroindustrial. Si bien esta pieza legislativa tomó de sorpresa a todos, incluyendo al sector azucarero, cuya propuesta básica consistía en que se consideraran como deducibles los gastos de reparación, a la hora de ponderar el valor de lo aprobado la semana pasada debe tenerse en cuenta que el costo fiscal será mucho menor que los 19,100 millones de pesos que el BID estima que costará el DR-CAFTA al país. Más aún, mientras este sacrificio fiscal representa un beneficio adicional para los productores estadounidenses, el aprobado por el Senado es un estímulo al productor agroindustrial dominicano y lo hace competitivo con sus homólogos centroamericanos.

De ahí que industriales y empresarios en general, así como buena parte de la opinión pública, apoyen la iniciativa senatorial. De manera salomónica, ese proyecto de ley elimina el impuesto selectivo al consumo a las bebidas gaseosas endulzadas con sirope de maíz, con lo cual favorece la permanencia definitiva del país en el DR-CAFTA, e incluye beneficios adicionales al sector productivo destinados a mejorar la competitividad frente a los demás países de la región, tales como por ejemplo la eliminación al recargo cambiario aplicado a los bienes de capital, maquinarias y equipo.

Pero, por aquello de que primero se dispara y luego se apunta, quedan por aclarar algunos puntos.

Primero, de qué magnitud es el impacto de las exenciones y, sobre todo, cómo se reajustará el Presupuesto del próximo año. Si luego de algunas negociaciones y conciliaciones con normativas y exigencias comerciales y financieras internacionales los números cuadran lograremos al mismo tiempo: un no ha lugar a la exclusión unilateral de República Dominicana del DR-CAFTA, la relativa satisfacción de los sectores agropecuario e industrial y el respeto al acuerdo Stand-by con el Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo, si los números finalmente no cuadran y nuevamente no se cumple con lo acordado con el Fondo, entonces, segundo, para mantener, la casa en orden se debe analizar la respuesta a esta pregunta: ¿las mejores económicas de los últimos meses son tan notables e irreversibles como para que ya no necesitamos firmar con el Fondo Monetario Internacional?

Si la respuesta es «no necesitamos del acuerdo Stand-by», entonces bienvenidos seas el nuevo escenario del DR-CAFTA, gracias a la mayor competitividad del sector agroindustria, y la ausencia del Fondo. Pero si fuera «sí, aún necesitamos del Fondo», queda por esclarecer quiénes se beneficiarían, más que con el proyecto de ley de compensación que cursa en el Senado, con la nueva postergación de un acuerdo con esa entidad financiera. Despejada esta incógnita, podría independizarse el justo requerimiento de compensación al sector productivo nacional del recién surgido obstáculo que enfrenta la institucionalización que impone el FMI.

Debido a esa última incógnita, es obvio que quedan muchas dudas por despejar antes de recibir los regalos que siempre se piden y esperan en Navidad.