DANILO CRUZ PICHARDO
El presidente Leonel Fernández dijo recientemente que es absolutamente incierto que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional implique medidas adicionales de ajustes económicos, entre ellas nuevos impuestos y aumentos de precios”. Posiblemente no se registren los ajustes que suelen hacerse regularmente en los precios de bienes y servicios cuando se firma un acuerdo con este organismo multilateral.

Pero la realidad es que algunos artículos incrementarían sus costos y se ha hablado de los libros importados, los cuales serían gravados con un arancel adicional de un 16 por ciento, que es mucho y afecta sensiblemente a la educación, un sector vital para el desarrollo del país.

En esa misma noticia el doctor Fernández dice no descartar una nueva reforma fiscal oportunamente, porque está pendiente la aplicación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el cual requiere el desmonte gradual de los aranceles (impuestos aduanales) y esos ingresos dejados de percibir serían compensados con impuestos internos.

Es decir, que se estarían cambiando impuestos exclusivos de los importadores, como son los aranceles, por impuestos colectivos o generalizados a todos los consumidores, lo que no resulta gracioso para una población que hace tiempo que está cansada de impuestos y gravámenes, que disminuyen su poder adquisitivo y, por vía de consecuencia, su nivel de vida.

Los que auspician el TLC con Estados Unidos sólo se limitan a propalar argumentos encaminados a sustentar su posición, algunos de los cuales son muy válidos, como lo significa el ejemplo de evitar el colapso de nuestra zonas francas, que representan el 80 por ciento de las exportaciones que nuestro país dirige hacia Estados Unidos y decenas de miles de dominicanos se quedarían sin empleo ante una eventual quiebra de estas industrias. Son datos que demandan ponderación detenida, sobre todo porque al momento de escribir este artículo unos 20 mil empleados han sido despedidos de sus puestos debido a los inconvenientes que atraviesa ese sector.

Es cierto que los países del continente que han firmado libre comercio con los Estados Unidos han incrementado sus exportaciones, les ha ido bien, exhiben balanzas comerciales favorables y significativos beneficios. Pero se trata de país que no tienen grandes obstáculos para su comercio exterior.

Lo más importante de todo es que se trata de naciones que se prepararon previamente a la vigencia de su Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, protegiendo a sus productores locales y garantizando competitividad para el intercambio comercial con el país más desarrollado del mundo.

Ese no es el caso de la República Dominicana que se encamina hacia ese TLC como “caña para el ingenio”, sin prepararse anticipadamente, sin ofrecer competitividad y absolutamente consciente de que productores agropecuarios, como los cañeros y los arroceros, tendrían que dedicarse a otra cosa, porque la muerte de esos sectores está más anunciada que la famosa crónica. Los cañeros, por ejemplo, empezaron a colapsar desde el mismo día que los senadores quitaron el arancel del 25 por ciento al jarabe del maíz que se importa desde Estados Unidos.

Y aunque se ofertó una compensación a estos productores, todavía no se sabe en qué consiste la misma y cuándo entraría en vigencia. Lo único que se vislumbra es su desaparición segura, en la medida en que no encuentren protección del Estado y el Banco Agrícola vuelva a abrir su ventanilla de préstamos, para el estímulo e incentivo de la producción agropecuaria. La información que tengo, sin embargo, es que el Banco Agrícola no dispone de dinero para esos fines, su presupuesto apenas puede cubrir la nómina y en esas condiciones no tiene razón de ser como institución.

El futuro de nuestro sector agropecuario es incierto. Y mediante ese panorama desfavorable entraría en vigencia el Tratado de Libre Comercio de la República Dominicana con Estados Unidos y los países centroamericanos. Sólo falta la ratificación de ese tratado de parte de los congresistas estadounidenses y dominicanos. Y sería muy pronto, porque ya no hay obstáculos y las condiciones requeridas están dadas.

Ojalá y “la sal no salga más cara que el chivo”, como reza una vieja máxima popular. Y por salvar al sector zona franca (cuyo aporte a la economía nacional nadie discute), los demás sectores productivos resulten perjudicados y la economía nacional sufra mayores daños. Eso podría ocurrir en un país que se caracteriza por la improvisación y en donde posiblemente se quiera actuar por modismo, sin evaluar detenidamente las posibles consecuencias.

Y adicionalmente a esa aventura que se llama TLC se nos pretende meter otro paquetazo, es decir, una nueva reforma fiscal, que abarcaría ajustes generalizados en los precios de bienes y servicios que consume la población dominicana. Más gravámenes, más impuestos directos e indirectos reducen el poder de compra de la gente, disminuyen el nivel de vida e incrementan los niveles de pobreza, que es el principal flagelo que atraviesa la sociedad dominicana.

Mientras en el país haya gobernante que ignoren el interés nacional y actúen en base a los dictámenes de los organismos multilaterales (como el FMI, el BM y el BID), que lo que hacen es representar las políticas de las naciones desarrolladas, no habría solución a los problemas nacionales.