TLC y reforma fiscal pueden ir en dos etapas

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POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
La aprobación del tratado de libre comercio con Centroamérica y República Dominicana (TLC) por el Congreso de los Estados Unidos no tiene que precipitar la reforma fiscal que se discute en el país ni las compensaciones a los productores dominicanos para que puedan enfrentar los nuevos desafíos de competitividad.

            No hay que entrar en pánico, ya que el consenso es generalizado en cuanto a que la ratificación del acuerdo es inevitable para la nación dominicana en las presentes circunstancias, dado que ya lo han hecho tres de las naciones centroamericanas.

            En última instancia, si se quiere enviar un rápido mensaje sobre la suerte local del TLC éste se puede aprobar dejando pendiente el conocimiento de las reformas fiscales y las compensaciones que son imprescindibles, ya que sus efectos no se sentirán aquí por lo menos hasta principios del próximo año, cuando entraría en vigencia.

NO HAY ALTERNATIVA

La última esperanza de los que no simpatizan con el tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos por los países Centroamericanos y la República Dominicana estaba  cifrada en que el mismo fuera rechazado por el congreso norteamericano.

            Pero tal como se preveía el acuerdo salió adelante con la estrecha aprobación de la Cámara de Representantes con apenas dos votos de diferencia, casi un mes después que lo hiciese el Senado.

El criterio es generalizado en el sentido de que la República Dominicana no tiene alternativa que no sea la ratificación del TLC, ya que El Salvador, Guatemala y Honduras lo hicieron e independientemente de la suerte que corra en Costa Rica y Nicaragua, ya entraría en vigencia para aquellos. Y el país no está en condiciones de quedarse al margen sin sufrir peores consecuencias.

Más allá de las diferencias verbales, el tratado tiene su suerte sellada en el país, por el hecho de que los dos mayores partidos están comprometidos con el mismo, por la gestión de los dos últimos gobiernos, el perredeista del expresidente Hipólito Mejía y el peledeísta del actual mandatario, Leonel Fernández.

Pero para que no quedaran dudas, tanto el presidente Fernández como el presidium del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) reaccionaron expresando su decisión de ratificar el TLC tan pronto fue aprobado esta semana en Washington. En el mismo sentido se manifestó la presidenta en funciones de la tercera fuerza política nacional, el reformismo, doctora Rafaela Alburquerque.

El propio Hipólito Mejía ratificó su respaldo al tratado que firmara hace trece meses en Washington, en la carta que esta semana dirigió al presidente Fernández.

Entre empresarios, y en reductos de los partidos quedan dirigentes convencidos de que el daño que el tratado haría a la economía nacional sería severo, especialmente en sus primeros años, cuando se prevé que productores industriales, agrícolas y agropecuarios no puedan pasar con éxito el desafío de la competencia de productos subsidiados provenientes de Estados Unidos, y hasta de América Central, con menores costos de producción.

FUERTES DIVERGENCIAS

Las dificultades no están en la aprobación del TLC, sino en la reforma fiscal y las compensaciones a los sectores productivos que necesariamente tienen que acompañarlo.

Los estimados que han adelantado funcionarios del gobierno y técnicos del sector privado indican que en su primer año el TLC solo derribaría aranceles por unos 3 mil millones de pesos. Pero se lleva la comisión cambiaria que este año montaría 22 mil millones de pesos. Los incentivos a los productores están siendo estimados en 5 mil millones de pesos, para un total de 30 mil millones de pesos.

Al menos dos posiciones han sido sustentadas para suplir esa pérdida de ingreso. La mayoritaria, enarbolada por empresarios y la oposición política plantea sustituir unos impuestos por otros, sin elevar la carga fiscal, poniendo acento en la eficiencia en el cobro de los tributos vigentes y aumentando la eficiencia recaudatoria del Estado. Al mismo tiempo reduciendo el gasto público.

Aunque el gobierno no ha presentado un proyecto propio, sus voceros en los escenarios de negociación han planteado elevar la tasa del impuesto sobre la renta, los impuestos selectivos al consumo y el de la vivienda suntuaria y ampliar la base del impuesto a la transferencia de bienes y servicios. También han barajado un impuesto a los intereses financieros y otro a los activos netos de las empresas.

Entre las propuestas más acabadas que se conocen figuran las del Centro de Estudios Sociales Juan Montalvo y el Centro de Investigación Económica del Caribe, así como la del Centro Nacional de Investigaciones Tributarias, y el de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. También han formulado propuestas el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industrias, y la Asociación de Industriales de Herrera.

Las divergencias se han expresado en el seno de una comisión técnica, tripartita, integrada por funcionarios gubernamentales, empresarios y sindicalistas, con participación de los presidentes de las cámaras legislativas, que aspiraba a lograr un consenso para el 27 de julio, que sería conocido por el Diálogo Nacional ayer viernes, lo que resultó imposible.

Al ser suspendida antier la sesión del Diálogo Nacional que coordina Monseñor Agripino Núñez Collado, se convocó para el próximo miércoles, con la esperanza de que sean superadas las divergencias, que han impedido consenso hasta entre los mismos empresarios. Como es natural nadie está dispuesto a aceptar más cargas impositivas.

En principio se habían propuesto la meta de aprobar esta semana un proyecto de reforma fiscal consensuado para entregarlo al gobierno a tiempo para que el Presidente Leonel Fernández lo someta al Congreso Nacional al inicio de la próxima legislatura, el 16 del mes que se inicia.

DESATAR TLC Y REFORMA FISCAL

A decir verdad nada obliga a apresurar la aprobación del TLC en el Congreso Nacional, aunque en la opinión pública se siente presión en ese sentido. Tanta que algunos plantean que lo desaten de la reforma fiscal y las compensaciones.

Tal es la posición de la Coalición de Apoyo al Tratado de Libre Comercio, que ha pedido al Congreso que simplemente ratifique el TLC, “para que el país envíe una señal a todos los inversionistas indicando que es abierto al libre comercio y que no somos un Estado proteccionista”, según dijo a El Nacional el presidente de ese bloque y de la Cámara Americana de Comercio, Kevin Manning.

El presidente de la Comisión de Industria y Comercio del Senado, Alejandro Santos, coincide en la conveniencia de adelantar la aprobación del TLC, pero le adiciona también las medidas compensatorias para el sector productivo, considerando que en su mayoría ya cuentan con el apoyo del gobierno. Empero, como esas compensaciones serían básicamente exenciones impositivas, lo lógico sería que se conocieran dentro del paquete de reformas fiscales.

Sin embargo, otro bloque, integrado por el Comité de Emergencia Agropecuaria y la Asociación de Industrias, es tajante en cuanto a que TLC, y reformas fiscales, incluidas las compensaciones, deben irse en un solo paquete, expresando desconfianza en que adelantar el tratado pudiera relegar las medidas de incentivo a la competitividad.

Pero por más justificación que se pueda encontrar a la desconfianza, resulta indiscutible que no puede haber TLC sin reforma fiscal, y es a ésta que deben atarse las compensaciones a los productores, por lo cual carece de fuerza la oposición a que se apruebe primero el acuerdo de libre comercio. Sobre todo porque pasarán por lo menos cinco meses para que entre en vigencia y años para que se sientan sus peores efectos.

La separación conlleva el riesgo de que se dé larga a la reforma, pero también el beneficio de que no tenga que festinarse y se dé oportunidad a atar todos los cabos, incluso para que el Congreso haga sus ponderaciones.

Al efecto debe tenerse en cuenta el criterio expresado esta semana por el nuevo presidente del PRD, el senador Ramón Alburquerque, quien reivindica el papel del Congreso Nacional, que ciertamente no puede ser sustituido por el Diálogo Nacional. Ese asunto cobra mayor fuerza para los perredeístas porque controlan el 90 por ciento del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados.

SOBRE EL GASTO PÚBLICO

La oposición perredeísta y reformista, el empresariado y otros sectores han insistido en la importancia de que esta vez la reforma no sea simplemente tributaria, sino que sea integralmente fiscal, es decir que incluya el gasto público, con prioridades y transparencia incluidas.

Lo volvió a plantear esta semana la presidenta del CONEP, Elena Viyella de Paliza, en el contexto de un seminario auspiciado por la Dirección General de Impuestos Internos, donde planteó que la reforma sea “integral, que garantice el control de los ingresos y el uso de los recursos públicos de forma racional, eficiente y transparente”.

La dirigente empresarial agregó que las reformas deben promover la adecuación y modernización del Estado en el marco de la competitividad, minimizando la evasión fiscal, ampliando la base de los contribuyentes, y eliminando impuestos de baja recaudación y alto costo administrativo.

Por de pronto, entre los beneficios que impondrá el TLC está la mayor transparencia pública, ya que obligará a instituir definitivamente nuevas normas para las compras y contrataciones del Estado, que ya no podrán realizarse dentro del maridaje del grado a grado.

Sin duda entre los objetivos de los opositores está reclamar desde el Congreso Nacional el establecimiento de prioridades y nuevas normas para el gasto público. Y el gobierno tendría que hacer concesiones en esa dirección. Es una de las razones por las que no ha presentado un proyecto propio de reforma fiscal.-