El diputado por la Fuerza del Pueblo (FP), Tobías Crespo, aseguró este lunes que el Gobierno está violando la constitución y la ley de movilidad terrestre en el “cómo” de la puesta en funcionamiento de los nuevos corredores en diversos puntos de la ciudad.

“Este gobierno no está transformando el transporte, está dando una continuidad, pero en el cómo están violando la ley y la constitución”, declaró Crespo al ser entrevistado en el programa radial El Rumbo de la Mañana, que se transmite por la 98.5 FM.

El autor y propulsor de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, dijo no estar en contra de los corredores, pero reiteró que el procedimiento ejecutado por las autoridades es una estafa y un engaño al no aplicar lo establecido en la ley ni priorizar a sus mayores usuarios, los ciudadanos de a pie.

“Nosotros aspiramos, y la Fuerza del Pueblo no está opuesto a los corredores, a un servicio de transporte eficiente, donde se ponga en el centro de las políticas públicas al ciudadano de a pie, al pasajero con frecuencia, itinerario, vehículos en buen estado, choferes capacitados, seguridad de que el pasajero va a llegar a su destino sin problemas, además a una tarifa justa”, explicó.

Crespo criticó que se eleve el pasaje de 15 a 35 pesos, encareciendo el servicio a las personas de escasos recursos, muchos de ellos teniendo que pagar pasajes extras para poder llegar al punto del corredor.

“La Omsa es pública, es del Estado, pero entonces el Presidente (Luis Abinader) se está montando en una guagua privada para viabilizarle a los privados y saca la Omsa, que cuesta 15 pesos, entonces no están pensando en el ciudadano de a pie”, agregó.

De igual forma, dijo poder demostrar que aún las autoridades no han pensionado a ninguno de los choferes, mayores de 65 años, de la avenida Núñez de Cáceres, como habían prometido.

Denunció que, a fin de establecer un pasaje sombra y pedir subsidios al Gobierno, el sector privado estimó unos 12,500 pasajeros diarios, cuando en verdad “el corredor no llega a la mitad”.

También cuestionó que a finales del 2021 el Gobierno transfiriera unos 50 millones de pesos a un negocio privado, que además compra las guaguas con garantía fiduciaria, a una sola empresa violando la libre contratación.

Al citar los sectores que ganan en este proceso, mencionó la fiducia del Banreservas, “que cobra de un 1 a 3 por ciento por gestionar y administrar el corredor”, y a la empresa que maneja el pago electrónico de la tarjeta.

En ese sentido, destacó el caso del corredor de la Núñez de Cáceres donde se cobra de forma manual “ y esos muchachos están depositando ese dinero fielmente en una cuenta y de ahí se le paga la nómina que hace dos semanas salió una comunicación de que no había dinero para pagar la nómina”.

Mencionó al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), que sin deber, también cobra un porcentaje del fimovi, destacando como preocupante de que la referida entidad se preste a ser juez y parte.

“Solo justifico ese dinero que cobra el INTRANT sea para pagar la ruta, el derecho de circulación, solo así lo justifico”, precisó.

Sin embargo, ante toda la realidad expuesta con el caso de los nuevos corredores, Crespo enfatizó que pierde el Estado, “porque le están privatizando un servicio, le están quitando el corredor público, lo van a sacar de circulación”, y pierde también el ciudadano quien le ahora debe pagar 35 pesos.