El diputado del partido Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, aseguró este martes que el Gobierno tiene un entramado para con el proyecto de ley de fideicomiso público «regalar» los recursos del Estado a terceros.
El congresista, que fue entrevistado en el programa Matinal, que se transmite por Telemicro, dijo que desde la Fuerza del Pueblo existen varias objeciones sobre dicha normativa.
«Lo primero es que la ley, como está planteada, no permite el cumplimiento de la Ley de Compras y Contrataciones, habla sobre los principios pero no bajo el cumplimiento. Lo segundo es que el Consejo Técnico está conformado por tres personas que no son funcionarios del Estado. Se supone que la ley es de fideicomiso público, pero también tiene una vinculación con la Ley 47-20, que es la de Alianza Público-Privada, donde a través de mecanismos de financiamiento la fidusia puede endeudarse sin la aprobación del Congreso», detalló.
Y aunque Crespo aclaró que dicho partido no está en contra de los fideicomisos, puntualizó que la forma en que están estructuradas los contratos no tiene «ningún mecanismo de control», como sucedió con acuerdos pasados.
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De su lado, el vocero del bloque de senadores del PLD, Aris Yván Lorenzo, calificó hoy como una vergüenza que el gobierno y sus afines traten de “confundir” a la población con la aprobación del proyecto de Fideicomiso Público, alegando que será regida por la Ley 340 de Compras y Contrataciones Públicas.
Lorenzo citó que no es lo mismo decir que el texto aprobado en el Senado se sujeta a los “principios” de la Ley de Compras y Contrataciones, que decir que el mismo esté de conformidad con dicha legislación.
“¡Qué vergüenza! Los paladines de la transparencia tratan de confundir a la población, defendiendo la patente de corso aprobada en @senadord con Ley Fideicomiso Público, haciendo creer que sujetarse a los «principios» de Compras, es lo mismo que de conformidad con Ley de Compras”, escribió en su cuenta en Twitter.
El representante de la provincia Elías Piña ha manifestado en diferentes ocasiones su rechazo a la aprobación del proyecto de ley de Fideicomiso Público, asegurando que el mismo tiene como interés final entregarle la planta termoeléctrica Punta Catalina al sector privado.