Funcionarios públicos todavía rehúyen de su responsabilidad con la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de patrimonio, y a la fecha hay un total de 5,177 que no lo han hecho, la mayoría de ellos pertenecientes a los gobiernos municipales.
La información la dio ayer el presidente de la Cámara de Cuentas (CC), Hugo Álvarez Pérez, quien resaltó que el 78% de esa cantidad son funcionarios de los gobiernos municipales.
Dijo que como no existe una ley que le otorgue facultad al organismo fiscalizador para accionar directamente contra aquellos servidores públicos que no cumplan con la Constitución, ha tomado medidas para que se les retenga el salario.
“En el Reglamento 92-16 dice que nosotros debemos informarle al Tesorero Nacional para que él retenga los sueldos. También dice la ley que debemos informar al órgano superior o al Presidente para que lo destituya, pero no tenemos ninguna acción directa contra ningún funcionario”, dijo.
Aboga por cambios en ley. Álvarez Pérez favoreció un cambio en las leyes 311-14, y 10-04 que rige a la institución fiscalizadora, a fin de que el organismo tenga una función más directa en contra de los funcionarios.
Dijo que con esos fines trabajan varios proyectos con apoyo del PNUD.