Hoy 
MINERVA ISA Y ELADIO PICHARDO
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Los reclamos de la opinión pública y las tímidas exhortaciones de funcionarios del área judicial no han servido de nada. A casi cuatro meses de terminar el cuatrienio del Presidente Leonel Fernández, unos 1,500 servidores del Estado obligados por ley a presentar sus declaraciones de bienes no lo han hecho.
La obligación legal ha sido desacatada por, exactamente, 49 diputados, 138 síndicos, 973 regidores y más de un centenar de tesoreros municipales. En la administración pública, 2, 982 servidores del Estado están obligados a presentar declaraciones de bienes al inicio de su gestión, pero sólo la mitad, aproximadamente, lo ha hecho. Los inventarios de bienes se depositan en la Tesorería Nacional.
Tres años y ocho meses después de vencerse el plazo, unos trescientos funcionarios adscritos al Poder Ejecutivo no han presentado su Declaración Jurada de Bienes (DJB), desacato en el que también incurren 49 diputados, 138 síndicos, 973 regidores y más de un centenar de tesoreros municipales.
En total alrededor de 1,500 funcionarios del Estado, un 50% de los 2,983 que deben cumplir con ese mandato legal, los que violan la Ley 82-79 que obliga a depositar en la Tesorería Nacional un inventario de su patrimonio al inicio y cese de una gestión pública, una legislación sistemática, masiva e impunemente infringida por ejecutivos de instituciones autónomas y descentralizadas, legisladores, ediles y gobernadores provinciales.
Con el requisito legal cumplieron los 32 senadores, también los 16 jueces de la Suprema Corte de Justicia, regidos por la Ley 327-98. En cambio, sólo hicieron sus DJB cinco miembros de la Junta Central Electoral y tres de la Cámara de Cuentas.
La impunidad estimula la reincidencia. Ninguna penalidad se aplica a quienes violan la Ley 82. No hay sanciones penales. Y no sólo porque esa legislación no las contemple, sino porque ese legajo de cifras de las DJB, fidedignas unas, adulteradas otras, están destinadas al encierro en una bóveda sin fines ni propósitos, sin que se verifiquen ni sirvan para ponerle nombre y apellidos a la corrupción administrativa, determinar cómo ha variado el patrimonio de un funcionario a su paso por un cargo público.
El último sondeo conocido es el que hace más de un año hizo una consultora internacional patrocinada por la Agencia para el Desarrollo Internacional, de Estados Unidos, que analizó diez declaraciones escogidas al azar del banco de datos y comprobó que casi todas estaban avaladas por informaciones que no se correspondían con la realidad.
En la ocasión, el director del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, Octavio Líster, dijo que algunas de las fallas se produjeron por error en los valores contables que pueden ser corregidos, ya que se hicieron declaraciones en impuestos internos muy por debajo de las normas establecidas.
