El éxito recaudatorio del que se enorgullece el Gobierno -aunque falta una reforma fiscal para el equilibrio financiero y la sustentación del preocupante endeudamiento- tiene el lado bueno de agenciar recursos para congelar precios a los combustibles en dura batalla contra las alzas petroleras y para aliviar con subsidios a sectores nacionales de algunas otras cargas pesadas por la crisis global incluyendo a grandes medios de producción y comercio (consorcios en general) que preservan exitosamente con exenciones su rentabilidad como para entonces tributar como Dios manda.

La remediación es prudente y los objetivos sociales la justifican; preocupa, sin embargo, que quede reducido el flujo de recursos para invertir en obras de verdadera riqueza como activos fijos -de utilidad permanente- o porque funcionen como multiplicadores de la oferta de bienes para consumos internos y exportación.

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El Estado se exime –el Presidente lo admite implícitamente- de construir o rehabilitar canales de riesgo para hacer más productiva la tierra; o para proseguir sin interrupción construcciones de presas para que el país sea más capaz de generar energía limpia e irrigar; o cumplir sin mínimos retrasos con el levantamiento de nuevas infraestructuras como las imprescindibles para el prometedor desarrollo de Pedernales y Bahía de las Águilas.

Las quejas constantes que dan a conocer obras escolares truncas y las repetidas demandas de abrir caminos vecinales para enlazar comunidades y predios para desempeños de sus moradores dejan dicho que a dispersos parajes no llega el progreso y probablemente tampoco lo haga la mitigación.

El Gobierno construye bastante pero el inventario de lo nacional, hasta por simple vistazo, testifica que aquí crece en mayor medida lo que falta por hacer o rehabilitar que lo que se está logrando concretar como soluciones duraderas.