Los modelos en seguridad vial subrayan la movilidad urbana sostenible (MUS) como enfoque estructurante de esta categoría sumada a la vialidad, tránsito y transporte. En el contexto del Banco Interamericano (BID), hay evidencias de éxito de este grave problema. El informe que el experto Antoni Riu presentó recientemente al Consejo Estratégico con el auspicio del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, generó impacto en Santiago.

La fórmula para reducir los 2,411 muertos anuales de los cuales 1,784 (74%) son motoristas es intervenir el transporte en motocicletas con un plan estratégico que imponga el uso obligatorio de cascos, identifique los motoristas y obligue a una licencia municipal. También debe exigirse casco homologado a los acompañantes y no una “cachucha de plástico”. Las lesiones de los accidentes son la primera causa de muerte entre los 15 y 29 años. A estas edades los motoristas andan sin cascos. Muy poco hace AMET con exigir en Santiago, lo que en Navarrete, Tamboril y Mao nadie cumple.

Hace casi 50 años que se aprobó la ley de tránsito 241-67, norma que no incorpora ninguno de los mandatos modernos existentes en seguridad vial. Ante esta situación, desde el año 2011, circula una propuesta que podría modernizar el sistema y favorecer la movilidad sostenible. Sin embargo, apenas el 7.0% de los países tiene legislaciones que han permitido salvar vidas; imperando el caos en 93.0% de las naciones que se mantienen sin modernizar su marco jurídico.

Se sabe que del 2000 al 2015 el parque vehicular se duplicó, siendo muy baja la capacidad del Estado de aplicar regulaciones. Las cinco causas de muerte por accidentes son exceso de velocidad; conducir bajo efecto del alcohol; ausencia de cascos protectores en motociclistas; no uso de cinturones de seguridad y no uso protectores para los niños en vehículos.

Debemos hacer algo urgente, pues los vehículos de motor son más letales que todos los mosquitos aedes aegyptis, causando más muertes que las epidemias, generando altos costos atención. En lo que la ley se aprueba, debe acordarse en Santiago, un Plan de Acción en Seguridad Vial. Se necesita involucrar la Central de Trabajadores del Transporte, en alianza con el Consejo Estratégico (CDES), Ayuntamiento, AMET y el sector privado para financiar un casco protector de calidad internacional, que imponga un permiso anual de circulación a las motocicletas y establezca una identificación visible.