La Junta Central Electoral y los partidos políticos deben proceder con aceptación mutua de sus roles sin desmedro del derecho al disentimiento que conduciría a rectificaciones o a la reafirmación de decisiones por parte del organismo que encabeza el proceso, recurribles en muchos casos a la vía contenciosa. Un ordenamiento de gestiones que debe estar preservado de disonancias y actos unilaterales que minen el principio de autoridad. Empeñados en sus objetivos de proselitismo, algunos liderazgos pierden la perspectiva. La movilización de personas por espacios públicos con uso de propaganda extemporánea cae fácilmente en la saturación y desgaste en perjuicio de quienes fanáticamente se pasan de la raya.

La capacidad de aguante del ciudadano promedio tiene límites para aceptar mensajes y demostraciones que podrían perturbar el discurrir ajeno al activismo. Hasta la belleza cansa. De ordinario la actividad política apela al estrépito y a los choques del «efecto demostración» para captar simpatías. Una superficialidad de gallera que aspira a la provocación de impulsos primarios en la gente en vez de atraerla con argumentos de peso y compromisos viables que inviten a la reflexión. A una parte de la clase política dominicana (sobre todo a su paso por el poder) se le atribuye aprovecharse de la baja escolaridad de las masas para fascinarlas llenando «provisionalmente» sus cerebros y estómagos.

Del agua mala… nos libre alguien

No todo las botellas para saciar la sed disponibles en el comercio están contaminadas. Solo una tercera parte de las que se venden en 13 provincias del país, indica un informe de Microbiología de la UASD en un esfuerzo de servir a la colectividad, divulgación que de todos modos carece de datos precisos sobre las marcas en falta. El consumidor sigue expuesto a ellas por desconocer sus nombres.

Al no quedar diferenciados, los embotelladores que respetan normas de calidad y salubridad están en riesgo de ser vistos como parte de un mismo saco. Toca a la autoridad que corresponda acudir con estudios propios a certificar e identificar las aguas que pueden ser consumidas sin temor a microbios, independientemente de otras medidas contra productos objetables. Protección efectiva al usuario y al productor.