El país, más que el Ministerio Público, debiera declararse en estado de alerta permanente ante la cobarde ola de feminicidios que se ha desatado en los últimos meses, situándonos en los primeros lugares entre los países de Latinoamérica y el Caribe en este tipo de crimen.

Todos los estamentos del poder, y la sociedad en su conjunto, deben aunar esfuerzos para que la espiral de violencia contra la mujer cese en base a la drasticidad de jueces y fiscales contra los agresores y a una efectiva campaña de orientación ciudadana por todos los medios.

Las estadísticas presentadas recientemente por el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, dan cuenta de que 87 mujeres han caído víctimas de sus esposos, acosadores, compañeros o ex compañeros sentimentales en los primeros seis meses del año.

Las consecuencias sociales de esta situación son innumerables y se agravan cuando hay hijos menores de por medio ya que además de perder a sus madres, pierden también a sus padres quienes ofuscados por la violencia, muchas veces se quitan la vida después de sus crímenes, o terminan en la cárcel.

El trauma que persigue, de por vida, a los niños y adolescentes que ven a sus progenitores envueltos en estas tragedias es muy difícil de superar, sobre todo por la destrucción de lo que fue su hogar y el destino incierto que se les presenta en una sociedad donde no existe garantía de protección para nadie.

Estamos ante un reto que debemos enfrentar como nación. El Estado con todas sus instancias de poder debe de inmediato tomar medidas contra esta vergonzosa ola de criminalidad femenina que azota al país.