Hacen bien los organizadores de la Marcha contra la Impunidad convocada para el próximo domingo en definir las “reglas”  que piden respetar a quienes quieran sumarse a la protesta cívica, empezando por la mas importante: no exhibir ni portar banderas ni colores que identifiquen sus preferencias políticas. Y sugieren, en cambio, que los participantes asistan con alguna vestimenta o accesorio de color verde como una señal de esperanza de que  servirá para llevar a la Justicia a  todos los involucrados en los sobornos que   Odebrecht repartió generosamente a funcionarios de tres gobiernos distintos entre el 2001 y el 2014.  Hay que evitar a toda costa que esa protesta, que sus organizadores definen como un evento cívico, pacífico y familiar, se politice o sirva de plataforma a la politiquería oportunista y mediocre que vive al acecho de escenarios propicios  para brillar con luz ajena, precisamente lo que le encantaría al gobierno que ocurriera para poder descalificarla, en lo que están hace rato –por cierto–   bocinas y velloneras. Lo dije en otra columna, y lo  repito ahora:  por ser sus principales beneficiarios, nuestros políticos no van a mover un dedo para enfrentar la corrupción y su inseparable compañera, la impunidad,  a menos que los obliguemos. Y una manera de obligarlos es asistir masivamente, el próximo domingo, a esa marcha, la mejor manera de decirle a los que nos gobiernan que ya estamos jartos (con jota suena mejor)  de ver a los saqueadores  del erario estrujarle  en la cara a este pueblo pobre y  jodido sus obscenas fortunas.