Desde el caso de la SunLand, por citar alguno de mayor resonancia, hasta el más reciente bien sonado caso Odebrecht, el estercolero de la corrupción no deja de salpicar El Santuario del Poder Judicial, en todas sus vertientes, con salvadas excepciones.
En los países auténticamente democráticos donde se respeta la institucionalidad, la Constitución, la división e independencia de los poderes del Estado y muy particularmente del Poder Judicial, salvaguarda del derecho y la ley, los honorables magistrados de las altas cortes y los jueces de instancias menores de igual jerarquía son de carrera o egresados tras rigurosos cursos y exámenes de escuelas especializas que garantizan su idoneidad y su profesionalidad, al igual que de los representantes del ministerio público, procuradores fiscales, defensores del interés nacional y de la sociedad escogidos, todos ellos seleccionados sin interferencia política o de otra naturaleza, teniendo como fardo y honra la sagrada misión de hacer justicia sana y justa aplicando la ley, “caiga quien caiga”, sin temor ni favor, para que el pueblo soberano se sienta más confiado y tranquilo contra todo mal que amenace su felicidad y bienestar.
Los abogados defensores, duchos en la materia, se arman para liberar a sus clientes de toda falta: “inocentes hasta prueba en contrario”, también deben observar el Código de Ética, que lo preserva de toda tentación o complicidad tras un examen de conciencia, pues no toda riqueza o dinero obtenido es legítimo o bien ganado y deja la sensación de algo bochornoso cuando esos valiosos servicios profesionales son subastados al mejor postor o retribuidos generosamente por agentes políticos o de otra índole divorciados de la moral y el bien común.
Nadie resulta culpable ni corre peligro alguno cuando la Justicia es vulnerable. Si se quiebra, dobla su cerviz y responde a intereses contarios al debido proceso, a la verdad y la justicia. Si su venda y su balanza, garantía de imparcialidad e igualdad de todos ante la ley, van a dar al zafacón.
Donde la corrupción comienza no termina si el Poder Judicial no le pone fin. Se escurre y expande como virus maldito por todo el tejido social llegando a pervertir la verdad y la razón. Por ello satisface la sentencia del Tribunal Constitucional que revoca la disposición de una juez que ordena a la Fiscalía del Distrito la devolución de bienes millonarios, toda una fortuna ilícita, para que, ya en su país el sujeto repatriado, tras haber sido sometido y condenado por narco y cumplido 14 años de cárcel impuesto por un tribunal de justicia de los Estados Unidos” “siga su agitado curso” cual Juancito el Caminador.
Todo lo cual nos lleva a una sola conclusión, que para darle mayor credibilidad reproduzco el dictum del Barón de Montesquieu: “Cuando en un gobierno popular se dejan las leyes incumplidas, como ese incumplimiento no puede venir más que de la corrupción de la república, puede darse el Estado por perdido.”