LIMA (AFP).- El presidente peruano Alejandro Toledo advirtió este martes que cualquier operativo «sicosocial» para desestabilizar a su gobierno no lo detendrá en su lucha contra la pobreza, al aludir al escándalo de presuntos negociados de su ex abogado y amigo personal, César Almeyda, con la mafia de Vladimiro Montesinos.

«Podrán montar todos los operativos sicosociales que quieran, pero no me van a parar en mi propósito de continuar trabajando por los pobres», dijo durante la inauguración de una obra de carácter social en Lima.

El mandatario no se refirió directamente al escándalo ni mencionó el nombre de César Almeyda, su ex abogado y persona de su entera confianza quien el año pasado fue por algunos meses jefe del Consejo Nacional de Inteligencia, uno de los cargos de mayor confianza del jefe de Estado.

Su declaración se produjo cuando sectores de oposición le piden que haga un claro deslinde y exigen que explique si sabía o no de las reuniones secretas de Almeyda con el general Oscar Villanueva, a quien se consideraba como ‘cajero de Montesinos’ y que se suicidó en 2002 en circunstancias extrañas.

Javier Velásquez, congresista opositor que preside la Comisión de Fiscalización del Congreso, dijo que un comunicado emitido por el palacio de Gobierno en la víspera «no es suficiente» y que el mandatario «debe ser más categórico».

El documento oficial señalaba que el presidente ha pedido a la Fiscal de la Nación, Nelly Calderón, «la más profunda y rigurosa investigación e invoca a que ésta se realice con celeridad».

La nota oficial agregaba también que Toledo «no tuvo conocimiento de los hechos denunciados por la prensa».

En el caso ha sido involucrado el embajador de España en Perú, Fernando Olivera, líder del Frente Independiente Moralizador (FIM), partido aliado del gobernante Perú Posible.

Olivera, quien fue señalado por Almeyda de estar al tanto de las negociaciones con el general suicida porque era ministro de Justicia en la época de los encuentros (2001), rechazó la acusación.

La tormenta política en torno a este caso surgió a raíz de la presunta existencia de un casete de audio -hasta ahora no difundido- de una conversación entre Almeyda y el general Villanueva.

Ese diálogo demostraría que el gobierno de Toledo habría negociado información con la red de corrupción de Montesinos -ex brazo derecho del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000)- y que se habría intentado sobornar a jueces anticorrupción.

Días atrás Almeyda declaró al diario Perú21 que el presidente Toledo supo de su labor de «facilitador» en sus encuentros con el general Villanueva, quien pretendía colaborar con la justicia a cambio de beneficios.

El congresista opositor José Barba, del partido Unidad Nacional, envió una carta a la Fiscalía de la Nación, demandando que se impida la salida del país a Almeyda.

El legislador oficialista Jorge Mufarech anotó que si hubiera responsabilidad del partido aliado del gobierno, liderado por el embajador Olivera, «no sólo no podemos tenerlos de aliados sino mandar a la cárcel a quienes han negociado con la mafia».

El FIM, fundado por Olivera, rechazó las acusaciones y dijo que su líder no sabía de las negociaciones secretas de Almeyda con el general Villanueva.

La legisladora opositora Judith de la Mata, del socialdemócrata partido Aprista, pidió a la cancillería que destituya a Olivera por estar comprometido en el caso.

Mientras tanto, la Fiscalía de la Nación inició las investigaciones para esclarecer el escándalo que, según sectores de oposición, amenaza la estabilidad del régimen de Toledo.