Hoy 
LIMA (AFP) – El gobierno peruano advirtió el martes que no cederá ante la huelga de los campesinos cocaleros, pero los productores de la planta se reafirmaron en su paralización en demanda de diálogo y rechazaron vínculos con el narcotráfico y con la agrupación maoísta Sendero Luminoso.
«El gobierno no puede ceder», dijo en tono enfático el primer ministro Carlos Ferrero, quien advirtió que «no puede cesar la erradicación de cultivos de hoja de coca (reclamada por los campesinos) porque es una política del gobierno».
«El gobierno se ha comprometido que ahí donde no está permitida la hoja de coca -usada por los narcotraficantes para elaborar clorhidrato de cocaína- entonces debe eliminarse porque es un compromiso internacional», añadió.
Ferrero lanzó su advertencia en momentos en que varios miles de campesinos cocaleros realizaban una masiva marcha en Tingo María, en el corazón de la selva central, donde se ubica una de las mayores cuencas cocaleras.
En el segundo día de huelga indefinida de los productores de la planta, una amplia región de la selva central y nororiental se encontraba con las rutas bloqueadas por piedras y grandes troncos, y con sus ciudades casi paralizadas.
Nancy Obregón, una de las dirigentes cocaleras conocida como «mamá coca», dijo desde la ciudad de Tocache que el gobierno les ha «cerrado el diálogo y por eso la única manera de hacernos escuchar es con paros y movilizaciones».
«Estamos siendo flagelados y no podemos quedarnos con los brazos cruzados sin ningún tipo de alternativa», se quejó, al exigir al gobierno que abra el diálogo en busca de una solución justa que permita una erradicación concertada de los sembradíos ilegales.
En Lima, el economista y experto en desarrollo rural en cuencas cocaleras, Hugo Cabieses, propuso que «antes que la sangre llegue al río» se abra un canal de diálogo entre los sectores en conflicto.
Cabieses planteó que se designe un grupo facilitador del diálogo que podrían integrar el obispo católico Luis Bambarén, quien ha mediado en otros conflictos sociales y la ex integrante de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Sofía Macher, con participación de la Defensoría del Pueblo.
Cabieses hizo notar que en los últimos años se ha firmado 36 actas de compromiso de tres gobiernos con los campesinos cocaleros.
De estas actas, cuatro se firmaron en los últimos meses del régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), seis durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua (noviembre 2000-julio 2001) y 26 con el actual gobierno de Alejandro Toledo.
«Estas actas no han sido cumplidas por ninguno de los gobiernos y los agricultores han sido engañados sistemáticamente», precisó el experto, al atribuir el incumplimiento a las presiones de Washington que considera que los cocaleros son «narcocultivadores» con quienes no se debe dialogar y menos favorecerlos con proyectos.
En Aguatía, una de las ciudades que acata la huelga, el dirigente Flavio Sánchez Moreno, denunció que una «mano oscura» ha comenzado a distribuir octavillas con las que se trata de vincular la huelga de los cocaleros con Sendero Luminoso.
«Rechazamos esa maniobra que busca mostrarnos como cómplices del terrorismo, pues nada nos une con ellos a quienes combatimos y menos tenemos relación con los narcotraficantes», dijo a la AFP.
En tanto, el zar antidrogas de Perú, Nils Ericsson, reveló que este año los cultivos de coca han aumentado en 17.000 hectáreas.
«Hoy tenemos hordas nuevas de gente que nunca ha sido cocalera y a esas hordas no queda más que erradicarlas, no hay otro camino», aseveró Ericsson.
El gobierno peruano con apoyo de Estados Unidos está empeñado en erradicar mediante fumigación los sembradíos de coca que, según un reciente informe de las Naciones Unidas, llegaron a 50.300 hectáreas en 2004, cifra que representa un incremento de 14% respecto de las 44.200 registradas en 2003.
