LIMA (AFP).- El presidente peruano Alejandro Toledo retornó el jueves de una visita oficial a España y encontró a su país con la Copa América en pleno auge, pero con un clima político cargado de denuncias de corrupción que lo implicarían directamente y preparativos para un paro nacional contra su gobierno.

Las denuncias afirman que la cervecera colombiana Bavaria sobornó con 1,7 millones de dólares a un abogado y ex asesor legal de Toledo, y que el gobernante partido Perú Posible falsificó masivamente firmas entre 1998 y 1999 para lograr su inscripción legal.

En ambos casos hay testigos. Unos sostienen que el propio Toledo estaba al tanto del soborno de la cervecera y que un millón de dólares habría sido para él. Otros dicen que Toledo sabía de la falsificación por que cuando era candidato visitó el local que funcionaba como «fábrica» de las firmas falsas.

Los casos comenzaron a tomar ribetes de escándalo, mientras el país vive la euforia de los partidos de la Copa América, que arrancó el martes con estadios repletos.

Paralelamente, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP, izquierda) sigue preparando un paro de 24 horas para el miércoles 14 de julio.

La CGTP -para estar a tono con los aires futbolísticos que corren en Perú- publicita el paro en avisos radiales en que llama a la población a «meter un gol contra el desempleo, contra el hambre y contra la corrupción» del gobierno de Toledo.

Mientras, el presidente del grupo Bavaria, Ricardo Obregón, entrevistado en Bogotá por el diario limeño Correo, expresó su «absoluta indignación» y dijo que su empresa «no ha pagado sobornos a ningún funcionario en Perú ni en ningún otro país del mundo».

Bavaria tiene su conciencia «absolutamente tranquila y no solamente responderá a las acusaciones sino que como toda persona de bien hará valer sus derechos en el momento oportuno», afirmó, lamentando «el ambiente convulsionado de la política en Perú».

El testigo Hugo Durán reafirmó el miércoles ante una comisión del Congreso y un fiscal anticorrupción que en noviembre de 2000 el representante de Bavaria en Perú, Jaime Carbajal, trajo desde Panamá el dinero que entregó como soborno a César Almeyda, el asesor de Toledo.

Al momento de la supuesta coima, Almeyda era miembro del directorio de una dependencia pública que iba a decidir sobre una operación de compra de la cervecera peruana Backus & Johnston.

El presunto soborno habría servido para evitar que el organismo regulador de operaciones del sistema financiero se pronuncie sobre la compra de acciones de la cervecera venezolana Polar, sin pasar por el mecanismo de una OPA (operación pública de acciones) para adquirir el paquete mayoritario de la peruana Backus, la mayor cervecera de Perú.

Durán, que era chofer de Alberto Farfán, asesor de imagen de Almeyda, dijo que escuchó conversaciones de ambos en las que aseguraban que un millón de dólares era para Toledo.

«A mí no me consta ni he visto que le hayan entregado al presidente esa suma, pero siempre decían eso», dijo.

La otra denuncia está vinculada a la inscripción legal del partido Perú Posible, cuando tenía el nombre de País Posible, presentando firmas falsas a las autoridades electorales. Esa inscripción permitió la postulación de Toledo y su elección como presidente en 2001.

Un testigo que se acogió a la ley de colaboración eficaz afirmó que Margarita, hermana de Toledo, pagaba el sueldo a los falsificadores de firmas. Además, aseguró que el propio Toledo fue visto en ese local antes de postularse a presidente.

El ex presidente Alan García, líder de la oposición, dijo que este caso resta toda autoridad moral al gobierno para luchar contra la corrupción.

«Hemos vivido una sucesión de escándalos, pero este último ya colma el vaso, porque es fraude contra la voluntad popular», dijo.