Considero un mal presagio las calumnias y acusaciones hechas por ministros, periodistas, legisladores y pelotilleros del Gobierno frente a las manifestaciones políticas y democráticas que están llevando a cabo diferentes agrupaciones de ciudadanos contra la corrupción, el despilfarro y el desvío de los fondos públicos perpetrados por el gobierno de Leonel Fernández Reyna.

Van asimismo esas protestas contra una reforma fiscal que ha pretendido disfrazar las causas dolosas de un monumental déficit presupuestario que de seguro multiplicará carencias en la vida del pueblo dominicano.

Mal presagio, porque el derecho a la protesta pacífica, expresado a través de los medios de comunicación o mediante la movilización de los ciudadanos, es un derecho apadrinado por la Constitución de la República, y una manifestación lógica y legítima del ejercicio democrático. La libertad de conciencia, la asociación con fines lícitos y pacíficos, la libertad de reunión, sin permiso previo, con fines lícitos y pacíficos, la libertad de expresión, forman parte nodal de los derechos fundamentales del hombre, reconocidos por la Carta Magna en el Titulo II, atinente a Los Derechos, Garantías y Deberes Fundamentales.

A nadie que ejerza esos derechos puede alguien, ni el Presidente de la República, ni la Policía, ni el servicio de seguridad, ni un FUNGLODE cualquiera, tratar de coartarlos, mucho menos mediante procedimientos que atentan contra la vida misma de los ciudadanos y constituyen crímenes y delitos que deben ser justicieramente castigados.

Es hora de que la sociedad dominicana, todas sus instituciones, hagan una seria reflexión acerca de la convivencia democrática. Convivencia, además, que desde su esencia misma, repudia el sectarismo, la intransigencia y los peligrosos atisbos de despotismo que asoman en la política dominicana.

Un solo caso ejemplifica esto último de manera inquietante: el rechazo inconsecuente de parte del Procurador General de la República del recurso de Guillermo Moreno encaminado a promover una investigación acerca de la administración de fondos públicos de parte de Leonel Fernández y otros funcionarios del gobierno pasado y las respuestas insultantes que contra ese ciudadano han proferido funcionarios del gobierno, legisladores del partido oficial y plumíferos bien pagados.

Una solicitud. Hago un llamado a todos los dominicanos que desean preservar lo que de democracia existeen la República Dominicana a fin de que tomen plena conciencia de sus derechos, garantías y deberes constitucionales y asuman una actitud cívica de defensa y protesta frente a quienes tratan de cercenar esos atributos ciudadanos con el insulto, la calumnia, las amenazas, la venganza y mediante la utilización de las posibilidades que les brinda el poder para alentar la represión policial y mercenaria, pretendiendo acallar el ejercicio de derechos que son la garantía contra la opresión.

Las claves

1. Diputado Nacional

Hugo Tolentino Dipp, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), es diputado nacional.

2. Las protestas

La aplicación de una reforma fiscal para cubrir el déficit de RD$187,000 millones heredado por el presidente Danilo Medina, de la gestión de su antecesor, Leonel Fernández, ha provocado una serie de protestas en todo el país.

3. La garantía

La Constitución garantiza el derecho de los ciudadanos a protestar de manera pacífica.