El historiador Hugo Tolentino Dipp renunció de la comisión de intelectuales que elabora el Proyecto de la Historia General del Pueblo Dominicano, por considerar, entre otras razones, que el Presidente Leonel Fernández no tiene por qué revisar los capítulos de ese informe, aunque haya contribuido con su financiamiento.

A continuación el texto íntegro de la carta dirigida a Roberto Cassá y Emilio Cordero Michel, director y presidente del Archivo General de la Nación y de la Academia Dominicana de la Historia.

“Debo hacer constar que su carta del 7 de diciembre del 2009 en respuesta a la que yo les escribiera en septiembre 19 del mismo año es, por sus escurridizas opiniones, una redundante ratificación de los motivos que me han aconsejado no participar en el Proyecto de Historia General del Pueblo Dominicano. Y esto así, porque en esa respuesta sólo he encontrado subterfugios y eufemismos elaborados con el fin de evadir mis consideraciones expuestas de manera puntual y con claridad meridiana.

Muy a pesar de ello, no fue nunca mi intención valerme de esa correspondencia para fines publicitarios. No pretendía yo, de ninguna manera, evidenciar ante la Nación lo que he venido considerando como algo insólito. Ustedes, sin embargo, han hecho de la suya una suerte de proclama nacional, desviando la atención hacia falsos incumplimientos de plazos y desvirtuando la causa vertebral que me condujo a desligarme de ese Proyecto: la decisión de Ustedes de «hacer entrega al Presidente de la República de un número de capítulos a mediados de diciembre» (diciembre del 2009).

Frente a esa actitud y frente a publicaciones oficiales de la Academia Dominicana de la Historia pretendiendo revertir lo que ha sido convencimiento general de la prensa y de la opinión pública acerca de este lastimoso asunto, no puedo menos que reiterar mi parecer ante lo que he calificado como un gesto equivocado de parte de intelectuales de su trayectoria y, sobre todo, degradante para la mayoría de los historiadores que integran la nómina de ese Proyecto.

Todo esto me lleva a pensar que el desarreglo que les ha producido el haber descubierto en ustedes mismos una actitud de esa naturaleza, contraria a la independencia que debe exhibir la dirección de ese Proyecto, les lleva a desfigurar y transfigurar los argumentos de mi carta, atribuyéndome posibles y supuestos incumplimientos en las obligaciones que había contraído para redactar los temas que me habían sido atribuidos. Yo no he “manifestado inconformidad y críticas a las mismas” (se refieren Ustedes a las circulares) porque ellas me requirieron “la entrega de los proyectos de capítulos en plazos determinados”, ese argumento no sólo es falso y calumnioso sino que es obvio que ha sido esgrimido para eludir, enmascarándolo, el razonamiento central de mi exposición, puesto que el tiempo límite para la entrega de los trabajos definitivos no fueron nunca motivo de contestación de mi parte.

Decirme en su carta que “nadie me impedía renunciar a una tarea que no podía realizar por las razones que fueran”  y agregar que yo no di “señales de avanzar el trabajo” son apreciaciones gratuitas, especulaciones e infundios para distorsionar las específicas razones que me llevaron a la decisión de alejarme de ese Proyecto.

Con esas consideraciones pretenden ustedes soslayar el tema primordial de mi carta. Inventando violaciones a plazos que todavía hoy y hasta mediados de año no se cumplen, pretenden ustedes desvanecer las verdades que esa correspondencia desvelaba.

Dos fueron, estricta y únicamente, los juicios expuestos en mi correspondencia del 19 de noviembre del 2009: frente a la petición de la circular del 27 de octubre del 2009 de que se entregaran borradores a inicios de diciembre yo no hice alusión al plazo, de ninguna manera. Lo que realmente me resultó absurdo fue la frase siguiente: “Los coordinadores de Tomos deben revisar con el mayor cuidado esos borradores para transmitir con tiempo eventuales sugerencias a cada uno de ustedes, de modo que se haga posible el intercambio de lugar y la conclusión de los capítulos en las mejores condiciones”. La redacción de la frase obliga a resaltar estas palabras”… revisar con el mayor cuidado…” “… de modo que se haga posible… la conclusión de los capítulos en las mejores condiciones… 

Fue a esa parrafada, a su grosero y desconsiderado contenido, que respondí de esta suerte: “Entendí desde entonces que en él se exhalaba (en el rumbo del proyecto) un tufo a preocupación y recelo frente a historiadores a quienes se les confió una encomienda tomando en cuenta su capacidad y sus virtudes de estudiosos y que, por ende, resultaba enojoso y hasta vejatorio someter a un examen crítico el transcurso de su investigación y los resultados alcanzados hasta ese momento”.

Sin embargo, no fue la exigencia de esa circular lo que fomentó mi decisión de no participar en el Proyecto, como tampoco lo sería la desafortunada repetición de ese tema en la posterior circular del 6 de noviembre del 2009, la cual puso al descubierto el verdadero objetivo de los coordinadores con la frase siguiente: “En los últimos tiempos se han recibido nuevos borradores, algunos de los cuales han sido aprobados por los respectivos coordinadores”. Es decir, los coordinadores, habían recibido borradores “algunos de los cuales” recibieron su aprobación.

Esa sola frase bastaría para explicar la reacción recelosa que he exteriorizado frente a esa imposición.

A no dudar, a los coordinadores de los trabajos se les ha atribuido la capacidad de aprobar y desaprobar los textos de historiadores que fueron seleccionados, en principio, por sus méritos, por sus conocimientos y por su obra. No resulta especulación pensar que si “algunos de los cuales (los trabajos) han sido aprobados”, otros no merecieron la aprobación de los señores coordinadores. Ahora bien, ni siquiera esa pretenciosa y hasta dudosa competencia de los coordinadores, fue el motivo determinante de mi carta.

Lo intolerable de la circular del 6 de noviembre fue una decisión no prevista en ninguna normativa ni documento del Proyecto, la cual violentaba sin reparo alguno la dignidad y la independencia que se debe reconocer a la labor creadora de los intelectuales y, en general, a la de todo ciudadano. Fue esa inapropiada decisión tomada por ustedes, lo que provocó mi separación del Proyecto. Transcribo a seguidas lo escrito entonces en la misiva del 19 de noviembre del 2009: “Ahora bien, el motivo primordial de esta comunicación es dar respuesta a una frase de esta última circular que, a decir verdad, me ha causado extrañeza y provocado desconcierto por su sentido desmerecedor de la solvencia y respetabilidad de quienes participan en el Proyecto, en su mayoría miembros de un ágora que como la Academia Dominicana de la Historia se presume reunir lo más conspicuo y capaz de los publicistas de la Historia Dominicana. Esa frase reza lo siguiente: “Se ha proyectado hacer entrega al Presidente de la República de un número de capítulos a mediados de diciembre”.

Decidir “hacer entrega al Presidente de la República de un número de capítulos a mediados de diciembre”, no conlleva la misma intención ni el mismo contenido que lo dicho en su carta del 7 de diciembre del 2009 tratando de explicar el desliz y expresando que esa frase fue concebida “simplemente a tono con el espíritu de ese tipo de obras…” y que, por consiguiente, “…se ha estimado por consenso que el Presidente debe recibir informes del avance de las labores ejecutadas”. Ese circunloquio lo repite la Academia Dominicana de la Historia en un espacio de toda una página en el periódico Diario Libre de fecha 27 de enero del 2010. Dice el comunicado de esa entidad: “La Academia, como ha sido su norma en todos los proyectos de investigación que ha realizado con financiamiento externo y en una actividad de seriedad y transparencia, ha enviado a sus auspiciadores informes sobre la marcha de los trabajos y del uso de los recursos financieros que ha recibido. Así también se ha hecho en este caso con el Proyecto y su financiador: el Poder Ejecutivo”.

En la circular del 6 de noviembre del 2009 no se habla de “informes” a enviar al Presidente Leonel Fernández Reyna, sino de “hacer entrega al Presidente de la República de un número de capítulos”. Todos esos pretextos me obligan a repetir en esta correspondencia algunos de los términos de mi carta del 19 de noviembre del 2009. Les decía en ella: “Cuando acepté emprender la redacción de algunos capítulos del Proyecto lo hice convencido de que el mismo estaba llamado a trascender en beneficio de todos los dominicanos como contribución del Estado, digo bien del Estado, a la cultura nacional. Pensé entonces, que el simple patrocinio aportado por el Poder Ejecutivo no implicaba ningún compromiso, vigilancia o consorcio con el Señor Leonel Fernández Reyna en su condición de Presidente de la República. Sin necesidad de valorar la cualificación de los estudios históricos del Presidente de la República y al margen de cualquier parecer en torno a su actuación política, no alcanzo a comprender las razones que aconsejan poner en sus manos y hasta exponer a sus juicios y ponderación los trabajos de historiadores que han merecido el valimiento del Comité encargado de un Proyecto orientado por intelectuales de la destreza del Presidente de la Academia Dominicana de la Historia y del Director del Archivo General de la Nación”.

A este párrafo seguían los juicios siguientes: “La decisión del Presidente de la República de aportar fondos del Estado para la realización de este Proyecto es encomiable, y es justicia reconocer que el empleo de dineros públicos, dineros del pueblo dominicano, para su realización es, en este caso preciso, por demás acertado y provechoso. Sin embargo, ¿acaso ese subsidio del Poder Ejecutivo le otorga jurisdicción al Señor Leonel Fernández Reyna para intervenir en la labor creadora de historiadores conscientes de su responsabilidad? La verdad es que dicha prerrogativa, es bueno repetirlo, encrespa lógicas suspicacias y conduce a la impresión de que en nuestro país, de manera gradual pero determinante, se está corriendo el riesgo de caer en esa perversión de la democracia que se define como el culto a la personalidad. Y es tanto más suspicaz esa prerrogativa cuanto que se desconoce el origen de la misma”.

Imagino que siendo ustedes tan quisquillosos con aquello de los plazos ya han puesto en las manos del Señor Leonel Fernández Reyna “un número de capítulos”, puesto que en su circular del 6 de noviembre expresaban que harían esa entrega “a mediados de diciembre”.

A fin de dar cumplimiento a la “transparencia” que en el espacio de la Academia de la Historia en el Diario Libre se menciona como uno de los elementos que caracterizan la orientación del Proyecto, sería constructivo hacer de público conocimiento la cantidad de trabajos que se encuentra en este momento bajo la mira y el estudio del Señor Leonel Fernández Reyna y, ya luego, la estimación, del Señor Presidente acerca de ese “número de capítulos”.

No creo que la redacción de mi carta del 19 de noviembre del 2009 mereciera todos aquellos insultos que Ustedes me han dirigido en la suya del 7 de diciembre de ese mismo ano. Además de “disparatada”, “exorbitante”, “sofisma”, en esa correspondencia constan palabras como “infamia”, “falaces”, “imputaciones injuriosas” “contenido injurioso”. Cuando les dije que me resultaba contraproducente lo de “hacer entrega al Presidente de la República de un número de capítulos a mediados de diciembre” debieron ustedes pensar que conociendo yo sus pudores frente al poder, sobre todo frente al poder corrupto, era normal que una gran decepción sobrecogiera mi espíritu.

Por último, debo hacer alusión a una frase de su carta, parte integrante del tercer párrafo de la misma, la cual advierte: “Al parecer, usted no leyó con suficiente detenimiento el Proyecto de la Historia General del Pueblo Dominicano, donde se estipula con toda la claridad que se fijan plazos para la entrega de los escritos”.

 Pues si, leí con todo detenimiento ese Proyecto, de allí que en mi carta no manifestara inconveniente alguno ante los plazos establecidos.

Ahora bien, como les expresé antes, lo que no encontré en ningún renglón de la normativa del Proyecto fue aquello de “hacer entrega al Presidente de la República de un número de capítulos a mediados de diciembre”.

Le saluda, Hugo Tolentino Dipp.