Tolerancia cero contra la violencia

Tolerancia cero contra la violencia

FÁTIMA ÁLVAREZ
España cerró el 2004 con un reporte de 74 muertes de mujeres, víctimas de violencia intrafamiliar, mientras que en República Dominicana se registró igual número de casos de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas durante el año que recién finalizó.

Estos datos fueron expuestos por miembros del Patronato de Ayuda a las Casas de Acogida para las Mujeres Maltratadas (Pacam) y la Comisión Española para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, grupos participantes en el seminario “Intervención jurídica en materia de violencia intrafamiliar”, realizado en el país.

Las cifras de muertes violentas de mujeres a manos de sus parejas, reflejan una clara diferencia porcentual entre las ocurridas en República Dominicana, con una población de unos diez millones de personas, en relación a la nación ibérica, que cuenta con unos 40 millones en su territorio.

Con el propósito de compartir experiencias que ayuden a incorporar a la Ley 24-97 los adecuados mecanismos de prevención y red de apoyo social para los casos de violencia intrafamiliar, un grupo de profesionales españolas, encabezado por la diputada Lucila del Corral, expresó sus puntos de vista en relación al tema.

Mediante programas de atención e información, la Comisión genera en la población española, y de forma específica en los agentes que participan en la red de apoyo, un proceso de sensibilización, prevención y denuncia de la violencia de género, con el interés de hacer conciencia sobre su abordaje.

Aunque la violencia contra las mujeres se ejerce en todos los estamentos sociales, como bien señala la diputada Lucila del Corral, son aquellas que sufren los más altos niveles de desigualdades sociales y económicas las más entrampadas en el círculo vicioso que genera.

“Independientemente del poder adquisitivo, a la mujer se la maltrata por el hecho mismo de ser mujer y por la situación de desigualdad que todavía hay en la sociedad, y que se da en los más relegados y en los más poderosos”.

 “En Europa, las más altas tasas de muertes de mujeres se dan en los países nórdicos, que son a su vez los más poderosos. En España, en el 2004, se pusieron 54 mil denuncias, pero estudios realizados por el Instituto de la Mujer Española dicen que hay cerca de dos millones que  sufren permanentemente violencia, y sólo hablamos de violencia física, si habláramos de violencia psicológica o sexual  probablemente el número sería mayor”, dijo del Corral.

La experiencia acumulada en diez años de lucha por la erradicación de la violencia de género en España, encuentra a República Dominicana casi en pañales y con estructuras psicosociales fundamentadas en el sentido de pertenencia de la mujer en relación al hombre, y valores socioculturales, en algunos casos refrendados por las propias mujeres, que refuerzan el papel de la mujer como objeto dependiente del hombre y sus deseos.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN ¿APOYO O COMPLICIDAD?

La normativa social se verifica en función de la autoridad que la promueve. Las leyes han sido formuladas por los hombres y para los hombres y la mujer apenas lleva unos decenios promoviendo gestiones a favor de su género.

A partir de esta premisa es lógico suponer que las actuaciones de las instituciones son respuestas micro a una macroconducta. Los medios de comunicación no escapan a esto, y aunque en sentido general  se persigue objetividad y pluralidad, en ocasiones el papel ha sido de simple informador, o explotador del morbo que desatan los casos de violencia de género, con poco compromiso en lo que a sensibilización se refiere, salvo conocidas excepciones.

España, apenas acaba de conseguir en diciembre pasado la creación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, un compromiso político del presidente Rodríguez Zapatero con las mujeres españolas y las organizaciones que llevan muchos años reivindicando esta ley.

Con ella se busca sensibilizar la sociedad y crear todas las estructuras jurídico-sociales para ofrecer apoyo a las víctimas, endurecer las penas y organizar el Estado para que actúe de forma contundente en este sentido.

Admiten que ese logro ha sido el resultado de un proceso de sensibilización anterior en el que los medios han jugado un papel importante.

 “Los medios de comunicación, en coordinación con las organizaciones de mujeres españolas, cada vez que ha habido una sentencia o comportamientos de jueces o policías inadecuados o poco justificados, los han denunciado. La sociedad se ha dado cuenta de que tenemos que cambiar. Por eso hay ahora una actitud de tolerancia cero contra la violencia de género”, dice Sarah Vicente, abogada y coordinadora de la Comisión de Investigación de los Malos Tratos a Mujeres.

Para Soraya Lara de Mármol, ejecutiva del Pacam, los resultados en Dominicana no son tan halagadores. “No percibo una disminución de los niveles de violencia, en función del interés que genera el tema en ciertos sectores”.

“Somos un país violento con estructuras violentas. Lamentablemente, cada vez que se intenta sacar un discurso de no violencia contra la mujer, la estructura machista y mujeres no sensibles, que desconocen el drama de la violencia a puertas cerradas, justifican que las mujeres sean agredidas”.

PERFIL DE LA VÍCTIMA

“La violencia contra la mujer es dirigida a la pareja. El hombre maltratador no agrede otras mujeres; selecciona una mujer vulnerable y comienza el patrón de violencia. Hay una alta proporción de mujeres en condición de maltrato, que no son las que denuncian”.

Mientras el tema se esté trabajando con mitos, tabués y falsas creencias, es difícil que puedan haber respuestas positivas”, dice Lara de Mármol.

“Estamos detectando que en la medida que la mujer rompe su postura de sumisión y decide enfrentar al maltratador y abandonarlo, es cuando éste la asesina”.

La respuesta de la mujer española a la violencia de género responde al mismo patrón de conducta. “En algunos casos la propia mujer justifica los maltratos porque entiende que su condición obliga a una posición de sumisión”.

“La mujer en todos los países tiene una identificación con los parámetros de poder y ha estado educada para reproducir lo que los hombres dicen. Así las cosas, es frecuente que la mujer justifique el maltrato sin que encuentre que hay una razón para hacerlo. Pero no podemos centrar el trabajo en mujeres que respondan a estos parámetros por obtener un aprecio mayor de los hombres; hay un sentir social al que se han sumado muchas mujeres que defienden a su género”, dice Sarah Vicente.

Milagros Rodríguez Marín, miembro fundador de la Comisión, dice que hay aspectos psicológicos de fuerza que impiden que la víctima rompa con su victimario. “Las mujeres maltratadas no se van porque no pueden, no porque no quieren. Hay condiciones emocionales que no les permite salir del ciclo de  la violencia”.

El ciclo termina sólo con apoyo. “En un momento la mujer recupera la capacidad ante el maltrato, y ve que está hundiéndose su vida y la vida de sus propios hijos, y éstos, que están viviendo eso, hacen un aprendizaje de malos tratos, que van reproducir, ya sea en el papel de víctima o en el de maltratador”.

EL PERFIL DEL VICTIMARIO EN UNA RELACIÓN VIOLENTA

“El agresor o maltratador controla la víctima, no sólo físicamente –cómo viste, con quien trabaja–, sino que ese control va a hacer que la mujer dependa totalmente de él para todo”, dice Julia García, presidenta del Consejo General de Trabajo Social en España.

María José Carretero, abogada especialista en Derecho de familia, destaca que no existe un perfil definido del maltratador. “Es un hombre que prefiere controlar a la mujer y se da en todas las capas de la sociedad”. Al no haber condiciones que tipifiquen al maltratador, el Código Penal español no reconocía su accionar como un delito, por lo que establecer diferencias entre un delincuente común y un victimario de violencia intrafamiliar fue difícil. “Nos costó mucho introducir en el Código Penal un delito que hace referencia a malos tratos habituales. Ahora existen los delitos al margen de los asesinatos, conocidos como delitos de lesiones, como cuando se maltrata al cónyuge; y delitos de malos tratos habituales, que hacen referencia a la habitualidad en el maltrato y que se castiga con independencia de cada una de las agresiones que ha padecido la víctima, es decir, si una mujer padece de forma habitual violencia doméstica, se condena al hombre no sólo por amenazas o lesiones infringidas sino también por la habitualidad en la conducta”.

Aunque la condición de maltratador es parte de un ciclo que vivió en su etapa de infancia, las entidades españolas no lo consideran una víctima, a diferencia de la visión dominicana. “Si nos referimos a esto, cualquier delincuente es víctima de la sociedad en la que ha vivido. Esas preguntas sólo se hacen en referencia al maltratador, porque se intenta hacer un juicio de valor sobre la gravedad del maltrato y si de debe recuperar la familia. Yo creo que el maltratador es un delincuente como cualquier otro, y hay que tomar medidas de rehabilitación pero como con cualquier otra persona que roba o mata. Para eliminar ese círculo de reproducción de la violencia doméstica, hay que reforzar la conducta de los hijos que han vivido la violencia. Lo fundamental en estos casos es la prevención, la educación de los niños en igualdad, en la resolución pacífica de conflictos, en el respeto, hacer hincapié en esto, sin que una persona esté subordinada a la otra, es la única forma de solucionar para generaciones futuras el problema de la violencia, pero en cuanto a que el maltratador tenga un trato especial, creo que debe tener el mismo trato que cualquier delincuente, que en este caso es más grave, porque lesiona su propia familia”, dice Carretero.

LAS CASAS DE ACOGIDA

Los proyectos de casas de acogida a familias víctimas de maltrato, parecieron ser en teoría, la primera vía de solución a la violencia intrafamiliar.

Grupos e instituciones se abocaron a planes y programas para obtener los recursos para la construcción de estos recintos, donde la mujer y sus hijos serían sometidos a terapia y reintegrados al medio social con mayores recursos de supervivencia.

Incluso, algunas voces expertas en el tema, como el caso de Susi Pola, reconocen la importancia de estos centros, aunque entienden que es una especie de cárcel institucionalizada en donde las acciones de la mujer y sus descendientes estarían siendo fiscalizadas y evaluadas constantemente.

“Esto fue un proyecto que comenzamos a desarrollar pero,  interviniendo en los procesos, nos hemos dado cuenta que las instancias no responden. Además, sería muy romántico iniciarlo, puesto que no hay recursos del Estado para apoyarlo”, dice Soraya Lara de Mármol.

España en principio las acogió, pero la experiencia no resultó muy halagadora. “Cuando empezamos a trabajar hace unos siete años pensamos que las casas de acogida era lo más conveniente, pero en estos momentos pensamos que el que se tiene que ir es el maltratador. No debemos maltratar a la mujer dos veces cambiándole su vida, a no ser que esté en peligro inminente”, dice Julia García.

RED DE APOYO

García destaca lo vital del apoyo psicológico, que sirve de base a la decisión de separarse. “La mujer maltratada tiene que educar a sus hijos con más cuidado que una madre normal, porque han sufrido una situación de riesgo. Si la mujer no está muy deteriorada psicológicamente la integramos a talleres terapéuticos, llamados de desarrollo positivo y calidad de vida, en los que hay grupos de mujeres que entre sí, y con una terapeuta de apoyo, refuerzan su autoestima, su sentimiento de no culpabilidad”.

La reforma a la legislación española que culminó con la promulgación de la Ley Integral, supone un tratamiento para las mujeres que sufren violencia, tanto en el ámbito civil como en el penal. “Además facilita la creación de medidas cautelares, como los juzgados especializados que van a decidir la conducta, los niveles de custodia, la pensión alimenticia y los sistemas de protección a la víctima, como son las órdenes de alejamiento. Cualquier mujer maltratada acudirá a esta jurisdicción para resolver los problemas legales que esto genera”, dice García.

Reitera que con los programas de apoyo se busca que la víctima recupere su capacidad de respuesta, pero además que tengan ayuda, porque sin capacidad de ayuda no le es fácil cortar con el maltrato.

 “En España, aunque las lesiones sean leves o no se reflejen físicamente es considerado delito”.

“Tenemos tres puntos básicos de actuación: la protección, en la que participa la policía municipal y los jueces; lo segundo es el apoyo social, que incluye vivienda alternativa, recursos económicos de urgencia, escuela diferente o casa de acogida, en los casos en que la vida de la víctima está en riesgo”. Por último está el apoyo psicológico.

Recalca García que el problema de sensibilización es básico para la aplicación de los procedimientos. “Al final muchas veces la víctima era la juzgada. Ahora aplicamos el principio de presunción de inocencia, que queda roto cuando existe la declaratoria de la víctima, que tiene peso de prueba de cargo, y los jueces se están sensibilizando más en esto, el problema más que de legislación, es de aplicación de la legislación”.

LA REALIDAD DOMINICANA

Desde el punto de vista del Pacam, el maltratador tiene condiciones de víctima, lo que lo coloca como candidato a los procesos de terapia. “Cuando el hombre sale de prisión, después de una condena, van a elegir otra mujer vulnerable de ser maltratada”, alude Lara de Mármol como explicación a la necesidad de someter al maltratador a terapia.

Los proyectos del Pacam para establecer una red de apoyo jurídico-social empiezan a tomar forma, debido al apoyo que señalan le ofrece la fiscalía actual.

“Entrenaremos psicólogas y a aquellos agentes que intervienen en materia de violencia intrafamiliar. La preocupación nuestra es concienciar, ya que cada cuatro años esos agentes son cambiados -no importa qué tan bien hagan su trabajo-, y esa es una limitación.

“El Procurador Fiscal está preocupado. Existe una propuesta para abrir 17 fiscalías barriales que favorecerá la captación de denuncias. Por otra parte, la Secretaría de la Mujer es la instancia que tiene que establecer las políticas de acción, que deberán estar dirigidas conscientemente a disminuir la violencia contra la mujer”.

Publicaciones Relacionadas