El principal funcionario de Salud del gobierno de EEUU no pudo ocultar su inconformidad con la política migratoria de su jefe, que provocó la separación de miles de niños de sus padres, todos inmigrantes.
Como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar era el responsable de cuidar a los niños migrantes luego de ser separados de sus padres en la frontera de Estados Unidos con México.
Durante una audiencia, cuando un senador demócrata le preguntó si su agencia había participado en la creación de la política de «tolerancia cero» del gobierno del presidente Donald Trump (que ocasionó dichas separaciones) su respuesta fue no. «Nos encargamos de los menores una vez que llegan con nosotros», respondió Azar. «Así que no somos expertos en materia de inmigración».
El hecho de separar a las familias migrantes mientras las propias autoridades federales hacían a un lado a la agencia responsable de cuidar a los niños separados fue apenas un ejemplo de las fallas de comunicación en el gobierno del país que dejaron a los niños migrantes en el limbo, a los padres sin saber sus paraderos y a muchos estadounidenses molestos en toda la nación.
Ahora, el gobierno de Trump sigue lidiando con las consecuencias. Todavía no está claro cómo es que los funcionarios implementarán la política o cumplirán ahora con una orden judicial que exige que las familias vuelvan a ser reunidas en plazo de 30 días.
En lugar de arreglar los problemas, el gobierno federal espera que sea el Congreso el que lo haga, a pesar de su fracaso para aprobar una iniciativa de ley sobre inmigración. «Estaremos encantados de cambiar la política cuando el Congreso nos dé las herramientas que necesitamos para hacerlo. Eso es lo que estamos pidiendo», dijo el director de asuntos legislativos de la Casa Blanca, Marc Short.
La idea de separar a las familias data a los primeros dos meses de la presidencia de Trump. John Kelly, el entonces secretario de Seguridad Nacional, dijo que la práctica sería utilizada como un disuasivo, pero la idea fue desechada rápidamente, incluso cuando el presidente Trump presionaba por una postura más dura en cuanto a inmigración, un tema crucial para su base política. Sin embargo, el principal asesor político del mandatario, Stephen Miller, junto con otras personas, no abandonó el concepto, el cual reapareció este año luego de que se registró un fuerte aumento en el número de cruces ilegales en la frontera sur. Tomó la forma de una política de «tolerancia cero» anunciada por el secretario de Justicia Jeff Sessions, exigiendo procesar judicialmente a los adultos que sean detenidos por ingresar ilegalmente a EU.
Sessions y otros argumentaron que las familias tendrían que ser separadas debido a que los menores no pueden ir a prisión con sus padres.
A los responsables de la política nunca les preocupó la posibilidad de volver a reunir a esas familias, en caso de que eso sucediera, de acuerdo con funcionarios gubernamentales.
La falta de planeación fue evidente en entrevista que Kelly hizo en mayo. «Los niños serán atendidos, puestos bajo custodia temporal o lo que sea, pero el punto es que sus padres decidieron venir de manera ilegal a Estados Unidos», afirmó. La política desató confusión e indignación, no solo en la frontera, también en Washington. Hubo falta coordinación de agencias.
Agencias involucradas: la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, encargada de detener inmigrantes; el Departamento de Salud y Servicios Humanos, responsable de los niños; y el Departamento de Justicia, donde adultos son remitidos para procesamiento. Cuando sus casos son resueltos son detenidos por Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.