No hay constituciones perfectas, es verdad. No hay constituciones que satisfagan a todos los sectores sociales, también es verdad. Es positivo que los partidos y los políticos establezcan acuerdos de reforma, es verdad. Es democrático que haya un debate constitucional, también es verdad. Ha habido buenas intenciones, es verdad. Ha habido chantaje y manipulación, también es verdad.

A pesar de los aspectos positivos, hay serios problemas políticos que han plagado el proceso de reforma constitucional.

Primero, la motivación fundamental de la reforma ha sido la reelección porque la actual Constitución no permite más repostulaciones al presidente Fernández.

Cuando Hipólito Mejía quiso la reelección consecutiva, cambió un artículo para establecerla y dejó intacto el resto del texto constitucional. Leonel Fernández quiere la reelección indefinida y embarcó el país en una reforma completa que la mayoría del pueblo ni siquiera pidió.

De una forma u otra, la historia atestigua que la reelección nunca ha conducido a alimentar la democracia.

Segundo, en la declaratoria de reforma, el Presidente Fernández anunció con entusiasmo una revolución democrática. En el proceso, sin embargo, lo que ha surgido es una modificación conservadora que privilegia el poder del Estado, los dogmas religiosos y el interés del capital sobre el bien colectivo.

Tercero, en los inicios de la reforma, los perredeístas declararon que no participarían si no había Asamblea Constituyente. Luego se fueron integrando por conveniencias a la Asamblea Revisora. Y cuando Leonel Fernández se dio cuenta que necesitaba el apoyo de los legisladores de Miguel Vargas para aprobar la reforma, lo llamó a pactar y se adhirió al proceso para su propio beneficio.

Deseoso de desplazar a Ramón Alburquerque de la dirección del PRD, Vargas encontró en el Pacto Leonel-Miguel la tabla de salvación para imponer su jefatura en un partido que se encontraba empantanado entre las aspiraciones de Alburquerque, Mejía y Vargas.

Pero lo pactado entre Leonel Fernández y Miguel Vargas  no mejora el sistema democrático dominicano porque no ha tenido ese objetivo. El propósito ha sido establecer acuerdos de conveniencias políticas.

Para muestra un botón. Leonel Fernández quería la posibilidad de repostularse e impuso la reelección indefinida. Miguel Vargas quería aparecer como anti-reeleccionista e impuso que no fuera consecutiva. Pero la reelección indefinida, consecutiva o no, es mala para la democracia porque forja caciques que siempre quieren reelegirse.

El pacto Leonel-Miguel también refleja la claudicación de ambos líderes y sus subordinados congresistas a la pequeña, pero influyente, derecha dominicana. Un caso claro fue la aprobación del Artículo 30, violador de derechos fundamentales a la vida y la salud de las mujeres.

Cuarto, en la medida que ha avanzado la segunda lectura, la situación se ha degradado aún más. Se han aprobado artículos lesivos al bien común como en el caso de la utilización de las playas, y algunos legisladores fueron captados por cámaras con dispositivos de compañeros ausentes para crear un falso quórum en la Asamblea.

Estamos a siete meses del 16 de mayo de 2010, cuando muchos congresistas aspiran a reelegirse, y ese objetivo domina sus cálculos macabros para beneficiar cualquier grupo de poder que pudiese estropearle la fiesta reeleccionista.

Con ese horizonte político, ni a los jefes de partidos ni a muchos de sus legisladores, les preocupa maltratar la democracia dominicana. A fin de cuentas, piensan ellos, la mayoría del pueblo no se entera o no comprende lo que aprueban, aunque pataleen algunas organizaciones de la sociedad civil, que los mismos políticos se encargan de descalificar constantemente.

Ahora estamos ante un tollo constitucional. En vez de la prometida revolución democrática tendremos un atraso constitucional, que llevará muchos años y muchos esfuerzos deshacer.