Autoridades de América Latina y el Caribe se comprometieron ayer extendieron su llamado para acelerar acciones que eviten un incremento de los 10,5 millones de niños que trabajan en la región debido a los efectos de la pandemia del coronavirus en las economías de los hogares más vulnerables.

Los presidentes de Colombia, Guatemala, Perú, así como representantes de Costa Rica y Jamaica respondieron de este modo al llamado de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para participar en el lanzamiento del Año Internacional de la Erradicación del Trabajo Infantil.

En un evento virtual, el director regional de la OIT, Vinicius Pinheiro, alertó que, a consecuencia de los efectos sociales y económicos de la pandemia, “en un año se puede retroceder los avances de una década” contra la explotación y el trabajo infantil.

La OIT estimó que el año pasado unos 300.000 niños y adolescentes “podían regresar al trabajo infantil por el impacto de la crisis».

En ese sentido, pidió a las autoridades de la región tener “un compromiso sostenido del más alto nivel para poner fin al trabajo infantil” y apostar por acciones conjuntas para enfrentar este problema multicausal.

“Es tiempo de actuar de manera decisiva para mantener lo logrado, en lugar de retroceder”, anotó Pinheiro. A nivel mundial, el trabajo infantil se redujo en casi 100 millones de menores, entre el 2000 y 2016, y actualmente afecta a unos 150 millones de niños y adolescentes, según cifras de la OIT.

Durante el evento, la activista peruana Sofía Mauricio dio un conmovedor testimonio sobre su propia vida como empleada doméstica desde los 7 años de edad, cuando dejó su humilde casa en la andina localidad de Cajabamba para trabajar en distintos hogares hasta llegar a la ciudad de Lima.

El trabajo en casas de extraños, donde recibía maltratos y violencia, “nos deja cicatrices y una generación sin el derecho de disfrutar de su niñez”, afirmó Mauricio.

La pérdida del trabajo y el incremento del trabajo precarizado en los adultos por la pandemia, “tiene como resultado el incremento del trabajo infantil, donde muchos trabajarán solo por la comida”, anotó la también directora del programa No Somos Invisibles.

Precisamente, la pérdida de empleos como efecto de la pandemia y el incremento de la pobreza monetaria podría afectar directamente a 51,6 % de la población infantil, anotó la secretaria ejecutiva de Cepal.

El cierre de escuelas tiene un impacto en la seguridad alimentaria de los niños de los sectores vulnerables y estas son “condiciones que aumentan las posibilidades de incorporación prematura de los niños al mercado laboral en condiciones precarias”, indicó Bárcena.

“Al menos 109.000 a 320.000 niños podrían ingresar al mercado de trabajo sumándose a los 10,5 millones que ya están en trabajo infantil”, estimó.

La Cepal ha propuesto universalizar el acceso a la seguridad social, garantizar la educación para todos, sin discriminación, y con adaptación a las nuevas tecnologías, entre otros aspectos, para garantizar el mejor desarrollo de los niños en la región. El presidente de Colombia, Iván Duque, declaró que en su país unos 58.000 niños dejaron de trabajar, entre 2018 y 2019.