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MADRID. AFP. El juez que investiga el accidente ferroviario de Santiago de Compostela, que el 24 de julio causó 79 muertos cerca de esa ciudad española, imputó hoy a «responsables» de la seguridad ferroviaria de la empresa Adif, gestora pública de la red.
Según el auto judicial, el magistrado Luis Aláez considera necesario saber si existieron «posibles hechos reprochables» de los operadores que debían garantizar la seguridad de la circulación.
La investigación judicial trata de averiguar los motivos por los que el tren descarriló a 179 km/h en un tramo limitado a 80 km/h, justo después de que el maquinista hubiera terminado una conversación telefónica con el interventor del tren.
«Cierto es que el maquinista es el responsable de manejar y guiar el tren (…) pero también lo es que era claramente previsible que un descuido o desatención de aquel podía provocar un accidente con riesgo alto para la vida e integridad de los pasajeros», señaló el juez.
«Ha existido una omisión de cautelas elementales por quienes tienen la misión de garantizar la seguridad de la circulación ferroviaria en dicha línea, constitutiva de una imprudencia punible», esgrime, considerando que la señalización y los sistemas preventivos de seguridad eran insuficientes.
El accidente se produjo en un viraje muy pronunciado a cuatro kilómetros de Santiago de Compostela, en un tramo equipado con un sistema de frenado de emergencia que solo se activa a partir de los 200 km/h.
En su auto, el juez estima que este sistema de emergencia, conocido como ASFA, no puede solucionar «el previsible error o despiste de un maquinista, que puede circular a la máxima velocidad permitida (200 km/h para el tren accidentado) a la llegada a Santiago por permitirlo el trazado recto de los últimos kilómetros y la ausencia de un sistema de seguridad de frenado automático que pueda corregir oportunamente esa falta».
Además, el magistrado esgrime que la señalización era insuficiente, ya que «la instalación de una señal fija de cambio de velocidad máxima a 80 km/h entre 200 y 300 metros del inicio de la curva se muestra insuficiente para evitar los resultados de muerte o lesiones de las personas que viajan en el tren».
Por ello, el juez instructor decidió tomar «declaración en calidad de imputado a la/s persona/s de Adif responsable/s de la seguridad en la circulación del tramo» donde se produjo el accidente, en un fecha que se determinará cuando Adif comunique la identidad de los concernidos, precisó.
El conductor del tren, Francisco José Garzón Amo, fue imputado por 79 homicidios por imprudencia. Tanto Adif como la compañía ferroviaria pública Renfe negaron cualquier tipo de fallo y afirmaron haber respetado los procedimientos.
El 9 de agosto, la ministra española de Fomento, Ana Pastor, anunció una «revisión general» de toda la red ferroviaria para mejorar la seguridad después de la tragedia, el accidente de tren más grave desde 1944 en el país.
España quiere añadir balizas de velocidad allí donde ésta debe ser reducida e instalar «un sistema satelital a trenes como refuerzo a sistemas de señalización».
El gobierno también estudia revisar las normas de utilización de la telefonía móvil con el fin de instalar un «sistema integrado y único» de telefonía en la cabina del conductor.
