Se ha logrado establecer una relación estable, que asegure la rentabilidad de los productores agrícolas e industria.

El acuerdo a que han arribado productores de tomate y la industria a la que suplen esa materia prima, para aumentar en 25 pesos las 100 libras (de 300 pesos a 325 pesos), es la continuidad de una práctica que por décadas se ha venido aplicando en torno a este cultivo, que aunque no ha estado exenta de tropiezos, la buena fe de las partes ha evitado repetirlos, lo que constituye un ejemplo a seguir en la contratación de la producción agrícola.

Ha sido tan íntegra la actitud de las partes, con el arbitraje del Ministerio de Agricultura, que el acuerdo no se ha limitado a establecer el precio, sino, que, también han acordado que al concluir la cosecha en curso, se realizará una evaluación para verificar el comportamiento de la zafra, de manera que su resultado arroje luz para futuras negociaciones, dejándose constancia, además, de que se continuará dando apoyo a los pequeños y medianos productores con la preparación de tierra, asistencia técnica y otras medidas, para cumplir con el programa y los protocolos fitosanitarios.

Nadie puede negar de los beneficios de la contratación agrícola (sea parcial o total), tanto para los productores como para la industria.

Si nos limitamos a los precios, a los productores la contratación les reduce riesgo de pérdidas e incertidumbre que puedan llevarlos a la quiebra.

En el caso de la industria, el contrato con los productores reduce el riesgo al desabastecimiento, a través de la organización de una oferta confiable de productos con la calidad deseada, lo que podría no ser conseguido en un mercado abierto y puede, en muchos casos, ser más eficiente que la producción no avalada por contrato, además de que es más aceptable políticamente.

No obstante, la agricultura por contrato no está exenta de dificultades, como el de que los agricultores pueden vender su producción a extraños, en violación a lo acordado y que surjan conflictos relacionados con la rigidez del calendario agrícola, que pueda interferir con compromisos sociales y culturales.

En el caso de la agroindustria del tomate, se ha venido cambiando la cultura de los actores para reducir estos riesgos. Con buena fe y apoyados en los costos de producción, tanto para la industria como para el productor agrícola, se ha logrado establecer una relación estable, que asegure la rentabilidad de las partes. Es un buen ejemplo a seguir.