El conocido empresario, quien presidió la comisión capitalizadora, defiende los términos de la capitalización.

El ex presidente de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP) explicó que  con la extensión de los  convenios de capitalización del sector eléctrico hasta 2016 -a través del Acuerdo de Madrid- se hipotecó el futuro del sector  y se violó el espíritu de la reforma  sólo para mejorar en corto plazo el flujo de caja del Gobierno.

Antonio Isa Conde consideró “un crimen” que los referidos contratos estaban en su mayoría vencidos, por lo que  era posible abrir licitaciones en busca de mejores precios y calidad.

Recordó que los contratos de compra y venta de energía eran cuatro por cada distribuidora, representando cada uno el 20% de su consumo. “El primero vencía al primer año; el segundo, a los dos años, el tercero, a los tres y el cuarto a los cuatro años”, dijo.

Explicó que  si los contratos de las Edes tenían previsto, de acuerdo a la ley,  que estas  podían ser expropiadas en caso de quiebra, ya que se trata de un servicio público, no se justifica el precio que el Gobierno pagó por ellas en 2003 al estatizarlas.

Atribuyó  a intereses mezquinos, de quienes aspiran a revivir un botín político, los juicios distorsionados que actualmente se vierten sobre la capitalización de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE).

Costo empresas.  Isa Conde definió como un ejercicio de ignorancia afirmar que la CREP subvaluó las empresas distribuidoras de electricidad y señaló que su tasación de valor de mercado fue hecha por firmas privadas contratadas en base a licitaciones públicas internacionales, como establecía la Ley de Reforma de la Empresa Pública.

“Esos concursos fueron publicados en diarios de Europa, Estados Unidos y del país  y en el boletín del BID.  Se hicieron a puertas abiertas y ni la CREP ni nadie podía variar los resultados ni sustituirlos por otra auditorías, so pena de violar las normas y reglas”.

Reforma al revés.  Al responder a la conjetura de que la capitalización se hizo al revés, dijo que la ley eléctrica fue sometida al Congreso con anterioridad al inicio de ese proceso, pero la misma hubo de ser vetada por el Poder Ejecutivo, debido a los intereses creados.

La semana pasada Antonio Almonte, director de la Comisión de Energía del  Partido Revolucionario Dominicano (PRD), dijo que la principal   falla  de la capitalización   fue  vender  los activos de generación y distribución de la CDE sin contar  con una ley  para regular el  nuevo mercado eléctrico.

“Hay que recordar que  el Congreso estaba en manos del PRD y que por el  retardo de la ley hubo que apelar a una resolución de Industria y Comercio con el mismo contenido de la legislación, pues el proceso de capitalización no podía detenerse debido a que era inminente el colapso del sector eléctrico”,  sostuvo el ex funcionario.