Torpe, inoportuna e injusta

 RAFAEL TORIBIO
Después  de haber dedicado la mayor parte de su  vida  a  la defensa  de  los  derechos, como  ella,  de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, recibió hace poco el Premio de Defensora de los Derechos Humanos, otorgado en Washington  por una fundación en memoria de Robert  Kennedy; haber sufrido recientemente  una  delicada operación, y mientras se celebraba en el país una conferencia internacional sobre las migraciones, se hace de conocimiento público los resultados de una investigación y la  solicitud de que le sea revocada la nacionalidad dominicana a la señora Sonia Pierré.

Los   primeros  en  reaccionar  fueron  precisamente los asistentes a la indicada conferencia, entre los  que había extranjeros representantes y pertenecientes a distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos de los inmigrantes, expresando extrañeza y condenando el hecho por entenderlo como muestra de discriminación.

Soy   de   los que  les  cuesta  aceptar  interpretaciones acomodaticias de  nuestra  Constitución  respecto   a la nacionalidad  y legislaciones de marcado tinte político  con las  que  se  quiere tapar el sol con un dedo,  tratando  de “solucionar”  lo  de “ahora en adelante”, ignorando con un silencio cómplice  derechos  adquiridos  que deben ser reconocidos. El argumento para negarle la nacionalidad a los hijos de inmigrantes  haitianos, alegando que “son extranjeros  en  tránsito”, aunque tengan  más de 20 años residiendo  en  el  país  y  hayan cotizado al Instituto Dominicano del Seguro Social, es muy difícil  de  defender, como  me  confesaba un entrañable amigo  y  ex  ministro  de Relaciones Exteriores.

Se  me hace difícil aceptar también que la “condición de los padres  siga  a la de sus hijos”, que es lo que pretende  la decisión de la Suprema Corte de Justicia al entender que la ilegalidad de los padres no permite el reconocimiento de la nacionalidad a sus hijos nacido en nuestro país. A mi  modo de  ver,  una decisión legal no tiene que ser necesariamente justa, y esta me parece que no lo es.

Lo   que  tenemos  en  la  actualidad  con  relación  a la inmigración   haitiana  y  sus  descendientes   nacidos en territorio  nacional, es el producto  de  la  dejadez  y  la irresponsabilidad  de  nuestros  gobiernos,         las torpezas reiteradas  en  el  manejo  de  tan  delicado  asunto  y  la hipocresía de quienes se benefician de una  mano  de  obra barata  con  pocas  posibilidades de  exigir  sus  derechos, empezando por muchos empresarios y el propio gobierno.

En un mundo globalizado no podemos pretender  que se les reconozcan a los dominicanos en el exterior lo que nos negamos  reconocerles a los inmigrantes haitianos y sus descendientes en nuestro país. Perdemos  la  razón  y  el derecho  que  nos asistente de ejercer nuestra soberanía en materia migratoria, regulando la inmigración y repatriando a los ilegales, por los procedimientos que normalmente usamos, incluyendo  el  desconocimiento de decisiones de  tribunales con  legalidad,  legitimidad  y  competencia regional. Con frecuencia  olvidamos  que  aún los  ilegales son  personas humanas, con derechos que les deben ser respetados.

La investigación de que ha sido objeto la señora Sonia Pierre, así  como la solicitud de que se le revoque su nacionalidad, ha  sido,  a  la  vez, injusta, inoportuna y torpe. Injusta porque nació en el país, donde tiene su domicilio y reside su  familia. Inoportuna, porque la señora Pierre es reconocida internacionalmente como una defensora de los (as) dominicanos  (as) de ascendencia haitiana. Torpe  porque  el momento  que  se escoge para darlas a conocer a  la  opinión pública no pudo ser más contraproducente desde el punto de vista  político: precisamente cuando en el país se realiza una conferencia internacional sobre migraciones.

La solidaridad, entendida como “la ternura de los pueblos”, recomienda que en la relación entre los pueblos debe primar la compasión y la colaboración en  la  solución  de  los problemas  que afectan la vida de los (las) ciudadanos  (as) de otros países, máxime si son vecinos. Cuando esto no es posible, al menos debe hacerse presente la comprensión y  la prudencia, nunca la arrogancia y el desprecio.

Como  en  nuestro  país la temeridad y la insensatez  se  ha adueñado del discurso, espero que no se le ocurra a  ninguno de  los  patrioteros  del patio, ni a nadie  que  se  sienta “comprometido  con  la  verdad”,  demandar  o  realizar  una investigación   para   determinar si procede anularle póstumamente la nacionalidad de José Francisco Peña Gómez.

Creo que el Leonel Fernández que conocí hace algún  tiempo piensa, o por lo menos pensaba en aquellos tiempos,  en  los términos  que  me  he expresado, pero que  su  condición  de Presidente  de  la  República y Jefe de Estado,  sobre todo ahora  que  está en campaña por la reelección,  le  impedirá referirse al tema y, mucho menos, realizar  un  gesto  que pudiera interpretarse un rechazo a la forma como  se  ha procedido en este caso.
rtoribio@intec.edu.do