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SANTIAGO DE CHILE (EFE).- La magnitud y crueldad con que se aplicó la tortura a hombres, mujeres y niños, «como política de Estado», durante la dictadura de Augusto Pinochet tiene ayer impactados a los chilenos, que conocieron el informe elaborado con los testimonios de los afectados. «Por violación quedé embarazada y aborté en la cárcel. Sufrí descargas eléctricas, colgamiento, submarinos (inmersión en un tonel de agua), simulacros de fusilamiento, quemadura con cigarros», relata el testimonio de una mujer detenida en 1974.
«Me obligaron a tomar drogas, sufrí violación y acoso sexual con perros, la introducción de ratas vivas por la vagina. Me obligaron a tener relaciones sexuales con mi padre y hermano que estaban detenidos y tuve que ver y escuchar las torturas a ellos», añade.
«Me pusieron en la parrilla (eléctrica), me hicieron cortes con yatagán en el estómago. Tenía 25 años. Estuve detenida hasta 1976. No tuve ningún proceso», concluye.
El informe, que consideró válidos 27.255 testimonios de un total de 35.860 recogidos por una comisión que encabezó el obispo católico Sergio Valech, fue difundido anoche por el presidente Ricardo Lagos, que anunció medidas de reparación para las víctimas.
Las violaciones, zoofilia, aplicación de electricidad, golpes, humillaciones y simulacros de fusilamiento se repiten con regularidad en el informe, según el cual fue torturado el 94 por ciento de los detenidos durante el régimen de Pinochet (1973-1990).
«*Qué pudo producir conductas humanas como las que allí aparecen? No tengo respuesta frente a ello», admitió Lagos al difundir el texto, que a su juicio debe servir «para nunca más vivirlo, para nunca más negarlo».
Según abogados de derechos humanos, el informe se queda corto respecto de lo masiva que fue la tortura, pues por diversas causas sólo un tercio de los afectados se atrevió a contar su experiencia.
De acuerdo con el texto, hubo 1.132 recintos utilizados como lugares de detención, lo que echa por tierra lo que militares y políticos que respaldaron la dictadura han argumentado por años: que las torturas fueron «excesos aislados» de algunos agentes del Estado que «se sobrepasaron en sus funciones».
«Los antecedentes reunidos invalidan cualquier explicación de las torturas como actos anómalos o fortuitos, como acciones solamente imputables a título individual, y ponen de relieve su deliberado carácter institucional», sostiene el texto.
«Todo permite concluir que la prisión política y la tortura constituyeron una política de Estado del régimen militar, definida e impulsada por las autoridades de la época, que para su diseño y ejecución movilizaron personal y recursos de organismos públicos, dictaron decretos y leyes que ampararon tales conductas», precisa.
«Y en esto contó con el apoyo, explícito algunas veces y casi siempre implícito, del único poder del Estado que no fue parte integrante de ese régimen: la Judicatura», acusa.
La Corte Suprema comenzó hoy a estudiar el informe, pero los jueces dijeron que darán una posición oficial después de un análisis exhaustivo, pues «puede que las críticas estén fuera de contexto», según José Benquis, integrante del máximo tribunal.
La derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), que sustentó políticamente a Pinochet y hasta hace poco negaba que se hubiesen violado los derechos humanos, emitió hoy una declaración en la que condena la tortura y afirma que «es obligación de todos no repetir los errores del pasado».
La UDI admite que no le será fácil asumir «la cruda realidad de lo vivido», pero será posible «en la medida que este informe sirva para sacar lecciones para el futuro y no para reavivar rencores».
Según el texto, la mayoría de las víctimas tiene actualmente más de 51 años, mientras que los menores torturados fueron 1.080, de los cuales el 70,9 por ciento (766) tenía entre 16 y 18 años, el 20,9 por ciento (226) entre 13 y 15 años y los menores de 13 años fueron el 8,1 por ciento (88).
Un total de 229 mujeres fueron detenidas estando embarazadas, de las que once fueron violadas, 20 abortaron a causa de las torturas y 15 tuvieron a sus hijos en presidio.
También indica que «con frecuencia la tortura culminó en muertes y, a menudo, en desapariciones. A veces, por presión de la tortura y amenazas de muerte, el prisionero se convertía en colaborador».
El ministro del Interior, José Miguel Insulza, expresó hoy su esperanza de que las medidas de reparación, que requieren de una ley, sean aprobadas rápidamente en el Parlamento.
La pensión propuesta por el Gobierno para las víctimas alcanza a 112.000 pesos mensuales (188 dólares), que serán aumentados cuando la persona cumpla 70 ó 75 años, e irá acompañada de beneficios en educación, salud y acceso a vivienda.
