Una acción de amparo será conocida mañana en beneficio de 141 reos de dos cárceles preventivas, a los cuales la Procuraduría General y la procuradora de este distrito judicial, Reina Yaniris Cedeño Rodríguez, les desconocerían sus derechos al mantenerlos en recintos en condiciones infrahumanas.

El recurso es promovido por los defensores y abogados adscritos de la Oficina Nacional de la Defensa Publica de la provincia, a favor de los 126 reos de la cárcel preventiva, y de las 15 recluidas del destacamento de La Caleta.

Explican que desde su creación, la cárcel preventiva, en el palacio de Justicia, ha sido tarea pendiente por resolver del sistema penitenciario y judicial, debido al hacinamiento y a la falta de alimentos.

Los 126 detenidos están divididos en tres celdas, dos con un espacio de 15 metros cuadrados y una con un espacio menor a los ocho metros cuadrados.

La cárcel posee un reducido baño en cada celda, para uso de los entre 30 o 50 detenidos.

Los abogados indican que los privados de libertad tienen que sobrevivir con las raciones alimenticias que les envían los familiares y dormir unos pegados a otros en el piso, condiciones agravadas con la poca ventilación de las celdas y la prohibición del recibimiento de visitas de familiares.

Encima, hay una tabla, colocada por orden de las autoridades del Ministerio Público, en el único acceso a ventilación que tienen los detenidos de la celda no. 1 y más pequeña del recinto, sin justificación legal, contra ciudadanos revestidos del estado de inocencia.

Las mujeres detenidas están en situación similar y expresan en el recurso que cada vez que el sistema penitenciario permite la agresión contra los privados de libertad, revelada en el trato inhumano del Ministerio Público, desoye la obligación de preservar el derecho a la integridad física.

Corresponde al juez de primera instancia, como garante de derechos fundamentales, la protección de las prerrogativas.