NEWARK, OH - NOVEMBER 3: Amanda Hornyak, who's been out of work for six months, looks for job on a computer at Opportunity Links, the employment training center for Licking County, Ohio November 3, 2008 in Newark, Ohio. Licking County in eastern Ohio, like many Ohio counties, is dealing with a steady eroding of old-style manufacturing jobs, and the job center provides job searching and re-training services to the county residents. Chris Hondros/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==
La señora Martínez gana el equivalente a unos 79 dólares por una semana de seis días trabajando en la sección de vegetales de un Walmart en la Ciudad de México. Son 13.16 dólares al día o 1.64 dólares por hora.
Un sindicato negoció con el gigante minorista para obtener ese salario, pero ella nunca ha conocido a un representante de ese sindicato. No quiso ser nombrada por temor a represalias, pero dice que ni siquiera ha oído hablar de esa organización.
“Negociación” es una palabra muy generosa para describir lo que realmente hizo el sindicato. El contrato colectivo que cubre la tienda de la señora Martínez permite salarios iniciales en torno al mínimo legal, que ha caído tan lejos del mercado que pocos en la capital realmente trabajan por ello. Walmart, además, paga las cuotas sindicales en nombre de los trabajadores.
No es así como los sindicatos deberían funcionar. Pero en México lo hacen, por lo menos hasta ahora. La baja remuneración ha sido fundamental para la estrategia económica del país en el cuarto de siglo desde que comenzó el Tratado de Libre Comercio, ahora renegociado como T-MEC, aumentando su atractivo como una base de mano de obra barata para las exportaciones al gigantesco mercado de consumidores en el resto de Norteamérica.
Muchas empresas que aprovecharon la fuerza laboral mexicana eran estadounidenses, lo que convirtió la brecha salarial en un constante punto de discordia entre los dos países, o al menos entre los sindicatos norteamericanos y México.
El nuevo acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, negociado el año pasado, tiene más protecciones para los trabajadores. Pero los legisladores estadounidenses, especialmente los demócratas de la Cámara de Representantes, insisten en obtener más pruebas de que México finalmente toma en serio el aumento de los salarios de los trabajadores mexicanos y amenaza con bloquear la ratificación del acuerdo hasta que lo consigan.
El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que quiere una economía que sea más impulsada por la demanda interna, lo que coloca a los sindicatos ante una encrucijada.
Los esfuerzos de Estados Unidos para garantizar que más protecciones de los trabajadores se incorporen al nuevo acuerdo se han centrado, principalmente, en las compañías que venden productos en su territorio, incluidos los fabricantes de automóviles a los que la administración de Trump también se ha dirigido para revisar los salarios.
Pero los grupos de trabajadores estadounidenses, que han estado trabajando con los demócratas en los detalles del nuevo acuerdo comercial trilateral, aseguran que el problema es mucho más amplio.
Aunque no exporten, empresas como WalMart de México, el mayor empleador privado de la nación, son una parte clave de esto.
Los acuerdos que los sindicatos, realmente inexistentes, hacen con los empleadores se conocen como “contratos de protección”. Las empresas señalan que los necesitan porque, si no tienen un contrato vigente, cualquier sindicato puede acudir a la junta laboral y exigir un paro laboral mientras negocia con la empresa.
Un estudio de la OCDE de entre unos 30 países des cubrió que México tenía, la menor participación de los trabajadores dentro del producto de la economía, en forma de salarios y beneficios, mientras que la participación de las ganancias empresarias fue la más alta. El país tiene 3,800 sindicatos registrados.
Posición sindical
El líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la agrupación sindical responsable del contrato laboral de la señora Martínez y una de las de mayor peso a nivel nacional, sostiene que el hecho de que las empresas paguen a los sindicatos directamente ayuda a los trabajadores porque el dinero no sale de sus bolsillos. Los contratos laborales de CTM “son legalmente válidos y sus revisiones periódicas se realizan de acuerdo con la ley”, escribió el senador Carlos Aceves.