La trágica caída en pleno centro de Santo Domingo de un andamio ocupado por obreros en una de las proliferantes construcciones elevadas obliga a mirar retrospectivamente y con preocupación hacia el alto índice de accidentes que afecta al sector laboral dominicano por causas diversas poco atacadas en sus orígenes. En esta ocasión el saldo fue de una víctima mortal y tres lesionadas gravemente, contabilizadas a un contexto anual de más de 36 mil percances aunque pasada la pandemia y recuperarse la mayoría de los renglones productivos, recibieron lesiones menores o de consideración, perdieron la vida o estuvieron cerca de perecer, cerca de 50 mil hombres y mujeres de trabajo. En 2021 se registraron más de 18 mil accidentes en la población femenina laboral no indemne.

No existe (como manda la ley) registro fiel del acatamiento por los empleadores de dar vigencia a programas de entrenamiento y supervisión para rodear de seguridad los lugares de trabajo.

La falta de aplicación de inspecciones preventivas sobre uso de equipos de protección personal se delata en edificaciones urbanas y centros fabriles. Brillan por su ausencia guantes que eviten desmembramientos, mascarillas para gases y polvo y cinturones que aseguren la espina dorsal. Sépase que las enfermedades derivadas de la vida laboral azotan al país con un evidente subregistro por falta de reportes por parte del sector patronal y de los propios empleados para que actúen los organismos correspondientes.