El pasado 12 de junio, se conmemoró “el Día Mundial contra el Trabajo Infantil”. La República Dominicana ha firmado convenios con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, con relación a la prevención y erradicación del trabajo infantil que se perpetúa en nuestro país.
El abordaje del trabajo infantil en nuestra sociedad es muy complejo, colinda con las condiciones de alta precarización, pobreza y vulnerabilidad que viven muchas familias. Encontramos continuamente condiciones de pobreza extrema en comunidades rurales y urbano-marginales en todo el territorio nacional, hogares que no cuentan con recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas ni la de sus hijos e hijas.
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Niños, niñas y adolescentes que se encuentran en barrios y campos trabajando en mercados, buscando agua por paga, vendedores ambulantes, talleres de mecánica y vertederos en diferentes provincias del país. Encontramos en distintas provincias varios casos de niñez en trabajo infantil o que deambula en calles y callejones buscando que comer en condiciones de orfandad producto de feminicidios otros que su familia la han deportado hacia Haití y se han quedado sin hogar.
Uno de los riesgos que sufre esta niñez y adolescencia que se ha quedado sin hogar y sin familia porque la han deportado hacia Haití es la captación desde redes de trata en explotación laboral y/o explotación sexual.
Lamentablemente resultan invisibles las consecuencias que sufre la niñez y adolescencia que ha nacido en este país y que no cuenta con documentos para mantenerse en los centros educativos. Esto se agrava con su situación de abandono y desprotección por el despojo violento de sus familias y sus madres en los operativos migratorios. Muchas madres embarazadas y recién paridas han dejado sus hijos e hijas con familias vecinas para ir al hospital y no regresan. Las familias vecinas en muchas comunidades no tienen capacidad para albergar a esta población que queda en el abandono ni tampoco muchos de los hogares de acogida de Conani que no son suficiente para ello.
Las medidas migratorias que se están tomando están desprovistas de la mirada a la personas migrante o dominicana de ascendencia haitiana como familia. El Estado Dominicano no cuenta con recursos para aplicar políticas y programas de protección de la niñez huérfana de feminicidios que cubra todos los casos que surgen cada día y mucho menos a la niñez despojada de sus madres y familias por las deportaciones.
Es difícil hablar de la erradicación del trabajo infantil en este panorama complejo de una sociedad que no reconoce en la niñez y adolescencia a sujetos de derechos que deben ser la prioridad de las políticas sociales del Estado Dominicano.