El trabajo infantil continúa siendo un problema grave en el país, que muchas veces pone en riesgo la salud física y emocional de los menores de edad. Además de atentar contra su derecho a la educación, pues muchos se ven obligados a la deserción escolar.

El 27% de los infantes de 15 a 17 años trabaja y estudia a la vez, y un 33% no asiste a la escuela, según los resultados de la más reciente encuesta ENHOGAR, de la Oficina Nacional Estadística, publicada el pasado mes de julio.

Las diferentes formas de trabajo ponen en riesgo los derechos de los menores, a pesar de que desde el 29 de septiembre de 1991 República Dominicana se hizo signataria de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

¿Quién le pone el cascabel al gato? Según explica el magistrado Jonathan Baró, encargado del Departamento de Persecución contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, este mal social no se puede resolver solo desde la justicia, sino que cada actor del sistema debe hacer su parte.

“El negocio, o más bien la situación de niños que trabajan en las calles, es un problema social que no es solo del sistema de justicia; por ejemplo una vez los menores son rescatados de las calles se envían a CONANI, y a esta institución le corresponde realizar el trabajo social para garantizar que no regresen a las calles”, dice.

Sin embargo, Baró señala que aunque la prevalencia del trabajo infantil sigue alta la Justicia está haciendo su parte y cita ejemplos: desde el año 2012 hasta la fecha ocho personas de nacionalidad haitiana han sido condenadas por este tipo de modalidad de explotación para fines de mendicidad en perjuicio de niños, las penas oscilan entre 2 a 15 años de prisión.

“Una señora de nacionalidad dominicana fue condenada este año en Santiago de los Caballeros, por el hecho de explotar a su hijo para fines de mendicidad, el tribunal le impuso la pena de cinco años de prisión”, citó.