Aunque en República Dominicana el Estado es el mayor empleador, es costumbre que un ciudadano no tenga derecho a una posición si no pertenece al partido que gobierna.
Es por eso que las cancelaciones en las instituciones del Estado por parte del partido que llega al poder, es una práctica desastrosa que está por encima de cualquier derecho constitucional y de la capacidad o valores que pueda tener un dominicano.
En cambio, la militancia le da la oportunidad de dirigir u ocupar un puesto sin importar su capacidad y condición ética y moral.
Es como si los partidos no se consideraran representantes de todos los intereses de los ciudadanos, sino de su propia militancia.
La razón fundamental para esto es que la dirección de la cosa pública está muy ligada a beneficios personales. Así que la cuestión no es sólo administrar sino servirse de los beneficios que se derivan.
En esta nación, los hombres más ricos han sido los que han dirigido las estructuras del Estado. Y estos han ido desde tiranos hasta demócratas.
Rafael Leónidas Trujillo, quien gobernó durante treinta años, llegó al punto de establecer una relación tan estrecha con los bienes del Estado, que resultó difícil poder establecer los límites entre una cosa y otra.
A su sucesor, el doctor Joaquín Balaguer no le interesó nunca lo material, pero se rodeó de una gran cantidad de servidores que se destacaron por la depredación al erario. Acosado y abrumado por las acusaciones contra su gobierno, el fundador del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) se vio en la obligación de expresar lo siguiente:
“La corrupción se detiene en la puerta de mi despacho”,
En sus gobiernos se establecieron nuevos residenciales habitados por servidores y funcionarios con un estilo de vida totalmente diferente al común de la masa pobre.