Madrid.- Una abogada española ha negado este martes en una vista celebrada en la Audiencia Nacional haber integrado una organización dedicada al tráfico ilegal de niños desde República Dominicana a España por lo que es reclamada por el país caribeño para ser juzgada con otros cuatro implicados.

La mujer, C.H.M., ha declarado que no quiere ser entregada a República Dominicana porque no ha cometido el delito por el que se pide su extradición.

Ha añadido que trabaja como abogada en su despacho, que está casada y que tiene un niño de diez meses, además de estar sometida a un tratamiento médico oncológico desde 2014.

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La fiscal ha estimado que procede la extradición a República Dominicana, donde la reclamada está acusada de integrar un grupo que captaba a menores de edad que trasladaban a España con documentación falsa.

Ha añadido que según doctrina de la Audiencia Nacional cabe extraditar a nacionales españoles reclamados por países con los que España ha firmado tratados de extradición, como es el caso de República Dominicana, valorando las circunstancias de cada caso.

A juicio de la fiscal en este caso procedería la entrega dado lo avanzada que está la causa en República Dominicana, pendiente de la celebración del juicio, y que tiene más sentido que en su caso la reclamada sea juzgada conjuntamente con los otros cuatro acusados en aquel país y no en una vista aparte en España.

Ha añadido que además en República Dominicana se encuentran todas las pruebas esenciales, como los menores perjudicados y los peritos.

Por su parte, el abogado defensor de la reclamada, Gonzalo Boye, se ha opuesto a la extradición al entender que el tratado con República Dominicana remite a la ley española, que según jurisprudencia constitucional impide la entrega de una española en este caso.

De todas formas, ha mantenido que su representada no es autora de los delitos que se le atribuyen, sino una víctima «ingenua», ya que simplemente se dedicó a ayudar a los niños dándoles comida y donaciones como habitualmente hacía con diversas organizaciones.

Ha alegado que en el caso de que fuera entregada no se garantizaría que en República Dominicana pudiera seguir con su tratamiento médico con lo que se pondría el juego su derecho a la vida, además de los derechos de un menor como su hijo.

Boye también ha asegurado que su representada ha recibido amenazas «de la gente de República Dominicana» para que no se defienda y que ello también pone en riesgo su integridad física.

En cualquier caso, el letrado ha estimado que el procedimiento de extradición debe quedar en suspenso mientras el Tribunal Supremo resuelve el recurso que ha presentado contra el acuerdo del Consejo de Ministros que dio luz verde a que el mismo siguiera su vía jurisdiccional.

Boye ha entregado una documentación que acredita que el Supremo ha admitido a trámite el recurso, en el que alega que el Consejo de Ministros «se equivocó en los hechos y en el derecho que aplica».

Según la reclamación de las autoridades dominicanas, que recoge la fiscal en su informe, esta mujer se dedicaba al tráfico ilegal de niños, niñas y adolescentes por medio de una estructura transnacional.

La reclamada está acusada de ser una de las personas que estaba a la cabeza de la operación para que los menores fueran llevados hasta España con pasaportes dominicanos obtenidos a base de documentos y testimonios falsos.

La Fiscalía expone que para lograr su propósito dicha estructura «simulaba que los niños habían sido maltratados en República Dominicana y solicitaban asilo de protección en España a favor de ellos y luego completaba el protocolo necesario para que C.H.M. les diera acogida en España apartándolos de sus familias biológicas».