Apesar de que el tráfico de seres humanos y la introducción, paso y salida ilegal de éstos, a través de la frontera domínico haitiana ha sido ostensible durante mucho tiempo, debido a que se refiere al principal camino emprendido por narcotraficantes y grupos del crimen organizado para realizar el ilegal negocio, la aplicación de la legislación penal sancionadora ha sido mínima y vaga.

El informe de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo en 2022, afirmaba que el Gobierno dominicano “no cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas”, pero reconocía que la administración del presidente Luis Abinader “está llevando a cabo esfuerzos significativos para lograrlo”.

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Al mantener el esfuerzo oficial en el nivel 2, la legación estadounidense dio la razón al incremento significativo en la persecución de estos criminales, que incluyó la condena de más traficantes, la apertura de un refugio específico para la trata, la mejora de la detección de víctimas, la derivación a la atención y la recopilación de datos, la asistencia a gobiernos extranjeros en casos de trata y el registro y la documentación de los migrantes venezolanos vulnerables al tráfico.

La legislación penal 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, data del 2003, promulgada durante el Gobierno del presidente Hipólito Mejía, pero hasta el 2020 fue aplicada tímidamente, paralizada debido al tráfico de influencias políticas, el debilitamiento de la vigilancia militar en la demarcación fronteriza y la complicidad de las autoridades de turno del ámbito migratorio.

Un avance judicial en esa materia fue el 2022, cuando las autoridades iniciaron 29 investigaciones sobre trata de personas, de los cuales 18 casos involucraron trata sexual con 48 individuos implicados, junto a otros de explotación laboral y proxenetismo. La justicia condenó a 10 traficantes en ese período.

Por tales razones, adquiere relevancia la decisión reciente de Abinader, que remite al Congreso Nacional un proyecto de ley tendente a endurecer la persecución penal contra las diversas modalidades criminales del tráfico de personas.

En ese sentido, la acción ilícita de migrantes superará la pena de entre 10 y 15 años de reclusión y multa situada en el rango de 150 y 250 salarios mínimos, para oscilar a partir de ahora entre 12 y 20 de prisión y multas de 750 a 1,500 salarios mínimos del sector público, además de la novedosa consecuencia de imponer la inhabilitación de los derechos de ciudadanía, aspecto que constituirá un golpe jurídico demoledor contra los traficantes y cómplices dominicanos.