POR DIEGO PESQUEIRA Y TANIA HIDALGO 
El Departamento contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, dependencia de la Procuraduría General de la República, busca activamente a los cabecillas de una red de personas que trafican cubanos hacia Estados Unidos, vía República Dominicana, con contactos en Miami, Cuba, Puerto Rico y el país, que maneja millones de pesos.

El procurador adjunto, Frank Soto, quien coordina el departamento, también dijo que hasta el momento uno de los obstáculos para avanzar las pesquisas ha sido el temor de los cubanos migrantes a hablar sobre el caso.

Soto sostuvo que mantiene activos los esfuerzos para la prevención y persecución de ese flagelo de característica transnacional.

Por otro lado, citó entre las principales prioridades de la gestión actual, la protección de los menores de edad para evitar que sean abusados sexual y comercialmente, así como la persecución del tráfico ilícito de personas.

“La Procuraduría cada vez más implementa una política criminal nacional de combate al crimen organizado, con jurisdicción en todo el país, apoyada en sus representaciones locales”, dijo.

Manifestó que en una comunidad rural de San Pedro de Macorís, también los investigadores de la Procuraduría dan seguimiento a la denuncia de la posible venta de un recién nacido, ya que sus vecinos extrañan su presencia en la casa de la madre, “y no escuchan sus gritos como era normal en el infante”. 

Una de las prioridades de esta gestión del procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, es la lucha contra la trata y el tráfico ilícito de personas, insistió.

CENTROS MASAJES

La Procuraduría. señaló el magistrado Soto- tomará las medidas que sean necesarias en los denominados centros de masajes, porque alegadamente muchas veces son utilizados como espacios de prostitución y explotación sexual y comercial de menores de edad.

Dijo que hacen un levantamiento y dan seguimiento a las denuncias que reciben al respecto, para oportunamente realizar los allanamientos de lugar.

PREVENCIÒN

Igualmente, el Departamento contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, a través de su Unidad de Educación y Prevención, ha desarrollado acciones en distintas comunidades, con el objetivo de sensibilizar a los agentes comunitarios sobre la problemática que enfrenta el organismo, y de manera muy particular, en la modalidad de la explotación sexual comercial.

En esta área, que dirige Crisálida Díaz, en las últimas semanas se han desarrollado acciones importantes en Cabarete y Sosúa, Puerto Plata; así como en Las Terrenas (Samaná), dijo.

Otras labores preventivas han sido llevadas a la provincia La Altagracia, específicamente a las comunidades de Cabeza de Toro y San Rafael de Yuma.

También, mediante un acuerdo con el Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), la Unidad ofreció cursos de repostería, cocina y electricidad doméstica en el municipio de Boca Chica, para de esa manera combatir la explotación sexual comercial mediante oportunidades ocupacionales a aquellas poblaciones vulnerables y a las ya convertidas en víctimas de trata de personas. 

Otras jornadas de educación, sensibilización y prevención contra la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y la explotación sexual comercial, han sido desarrolladas en escuelas y liceos del Distrito Nacional y de la provincia Santo Domingo, favoreciendo a más de 2,300 adolescentes, dijo.

SANCIONES

En los últimos meses, el Ministerio Público, a través de su Departamento contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, ha logrado sanciones significativas en contra de las personas dedicadas a violar lo establecido en la Ley 137-03, resaltó el magistrado Soto.

Mencionó la sentencia 05-2006 del Primer Tribunal Liquidador de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia de Santo Domingo, la cual condenó a Wilson Charles a 15 años de reclusión, al ser encontrado culpable de “tratar” a personas, mediante la captación de niños menores de edad para dedicarlos a la explotación sexual comercial.

También citó el caso de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, que confirmó la sentencia del Tribunal Colegiado de Primera Instancia, condenando así a Rafael Armando Nivar Díaz (Nivalito) a cumplir 10 años de reclusión.

Asimismo, dijo que otros casos se encuentran en la fase investigativa, entre ellos el de mujeres engañadas y estafadas que quedaron varadas en Turquía y en las Bahamas.

A finales del año pasado, en un bar erótico de Santiago se encontró a una menor observando un espectáculo erótico y a otras tres laborando en el referido bar, siendo detenidos el propietario y el administrador, resaltó.

Recordó que también en mayo del 2005, fue dictada la sentencia número 125, por la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia, a través de la cual se le impuso al propietario del lugar una pena de cinco años de prisión, una multa de RD$1.0 millón y el pago de las costas procesales.

Asimismo, con la ayuda de un investigador de la Misión Internacional de Justicia, se desmanteló una red que se dedicaba a la explotación sexual comercial en el municipio de Boca Chica, momentos en que estos se disponían a venderle favores sexuales a agentes encubiertos que llevaban a cabo las investigaciones de este hecho punible, dijo.

La sentencia 126-2005 dictada por el Segundo Tribunal Liquidador de la Cámara Penal de Primera Instancia de Santo Domingo, condenó a los imputados a 15 años de reclusión y multa de RD$175,000 salarios mínimos, más el pago de las costas penales.

En  tanto, la sentencia 166-2005 dictada por el Segundo Tribunal Liquidador de la Cámara Penal de Primera Instancia de Santo Domingo, condenó a Nelson Osiris del Rosario Jiménez, a 10 años de reclusión y RD$1,50,000, más las costas penales, por tráfico ilícito de personas y estafa.

Mientras que la sentencia 134-05 dictada por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia declaró a Pedro de la Cruz, persona que capitaneaba una lancha que se disponía a transportar clandestinamente a 69 viajeros ilegales a Puerto Rico, culpable de violación a los artículos 2 párrafo único y 5 de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, y en consecuencia lo condenó a sufrir una pena de diez 10 años de reclusión en la cárcel pública del municipio de Higüey.

CYBERCAFÉS

La Procuraduría realizó una serie de allanamientos en los llamados “Cybercafés” o centros de Internet, con el objetivo de evitar que los usuarios utilicen computadoras de uso público para la distribución de pornografía infantil, dijo.

Explicó que los registros abarcaron 11 centros del Distrito Nacional y tres de la provincia Santo Domingo.

Contó que en una cabina VIP del “Atlantis Cybercafé”, en la avenida José Contreras, fue encontrado un joven adulto descargando pornografía infantil en condiciones obscenas, por lo que fue incautada dicha computadora.

Todas las intervenciones fueron avaladas por órdenes judiciales, dijo.

Certificación

El magistrado Soto recordó que el informe correspondiente al año 2006 sobre la lucha contra el tráfico humano que elabora el Departamento de Estado de Estados Unidos ascendió a la República Dominicana a la categoría número dos, resaltando de esta manera los esfuerzos significativos que realiza el gobierno dominicano, a través de sus instituciones responsables, en la lucha contra el tráfico ilícito de seres humanos.

Anualmente, ese departamento para asignar la categoría toma en cuenta las sentencias, los arrestos, los juicios, la prevención y la protección de las víctimas del delito objeto del informe.

En ese sentido, destacan la aplicación de la Ley 137-03, puesto que en el período evaluado se lograron siete sanciones importantes en materia de tráfico ilícito de migrantes, resaltando que todo constituye un esfuerzo para una correcta implementación de una política criminal nacional de combate al crimen organizado, logrando disminuir la presencia de traficantes en las zonas más vulnerables a la problemática.