MONTEVIDEO (AFP).- El tráfico ilegal de personas, una práctica tan antigua como la humanidad y la tercera industria criminal más grande del mundo, afecta a varios países de América Latina.

El «Informe Anual sobre el Tráfico de Personas», que Estados Unidos dio a conocer esta semana, acusa a Cuba, Ecuador, Guyana y Venezuela de no esforzarse en impedir el tráfico de personas, en tanto otro lote de países está en situación de alerta: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú.

Ya la ONU había señalado en noviembre que en el mundo más de 800.000 personas «son víctimas de la trata cada año con el propósito de ser explotadas sexualmente y realizar trabajos forzados», lo cual genera ingresos al crimen organizado de miles de millones de dólares.

La realidad de este negocio se incorporó como tema central a la IX Conferencia Regional de Migración organizada en mayo en Panamá, país cuya frontera sur es utilizada para el paso de ilegales provenientes de Colombia, Ecuador y Perú, cuyo objetivo es viajar vía terrestre por América Central a México y Estados Unidos, según informes oficiales.

Otro puente hacia el norte es Guatemala, donde según el vicepresidente de ese país, Eduardo Stein, se tienen «indicios de que aquí funciona una de las cabezas del puente del crimen organizado que transnacionalmente se dedica a la trata de seres humanos».

También en reacción al informe del Departamento de Estado, el gobierno de Costa Rica urgió al Congreso a aprobar leyes para frenar la trata de personas. «Si no tenemos leyes que nos permitan combatir este tipo de males estamos mal», afirmó el ministro de la Presidencia, Ricardo Toledo, al hacer un llamado público a los diputados para que aceleren la aprobación de proyectos de ley en ese campo.

En Colombia, la consejera de la ONU Sandra Valle señaló meses atrás que «el problema de la trata de personas ha alcanzado una proporción desmesurada. La policía secreta colombiana y la Interpol calculan que entre 45.000 y 55.000 mujeres colombianas son víctimas de la trata con fines de explotación sexual».

Según el Departamento Administrativo de Seguridad, unas 50.000 mujeres colombianas ejercen la prostitución en el exterior, «sometidas por mafias que controlan los clubes y centros nocturnos de Tokio, Madrid o Amsterdam, las ciudades que concentran el mayor número de trabajadoras sexuales procedentes de Sudamérica».

La situación no es diferente en Brasil, donde el relator de las Naciones Unidas para el Tráfico de Menores, Prostitución y Pornografía Infantil, el uruguayo Juan Miguel Petit, identificó 240 rutas de tráfico de niños, en base a informes recabados en lugares de entretenimiento que incluyeron desde centros comerciales hasta prostíbulos y las sedes de las escolas de samba, las agencias de modelos, agencias de empleo, agencias de casamiento, redes de telesexo y la industria del turismo.

Aunque tibios, se han registrado en los últimos meses algunos intentos para contener este delito en la región. En mayo pasado, por ejemplo, la policía de Perú capturó a 11 integrantes de una organización de traficantes de personas con destino a Estados Unidos, que habría ganado en cuatro años unos 12 millones de dólares.

En tanto, un juez mexicano dictó en marzo un auto de prisión formal contra funcionarios del Instituto de Migración y otras personas arrestadas bajo cargos de integrar una red de tráfico de personas hacia Estados Unidos. La operación formó parte, según el Gobierno, de «una primera etapa de acción en contra de servicios públicos federales, estatales y municipales involucrados en el tráfico de personas».