Con profundo pesar, expreso mi solidaridad y condolencias hacia la familia Ruiz León por la trágica pérdida de sus seres queridos. La noticia nos ha abierto los ojos ante la necesidad apremiante de revisar y fortalecer las regulaciones que rigen la venta y uso de sustancias químicas destinadas al control de plagas. En este contexto, es crucial analizar la legislación existente en la República Dominicana, compuesta por la Ley 311-68 y el Reglamento 322-88, cuya antigüedad evidencia la imperiosa necesidad de una revisión y actualización.

La Ley 311-68, promulgada en 1968, y el Reglamento 322-88, que data de 1988, constituyen los cimientos legales que buscan regular la fabricación, almacenamiento, distribución, expendio y comercialización de plaguicidas en el país. A pesar de su importancia, estas normativas muestran su obsolescencia al carecer de disposiciones actualizadas sobre el registro, etiquetado, formulación, almacenamiento, transporte y comercio de plaguicidas, así como en las prohibiciones y restricciones de ciertos productos. La Resolución 2019-28 del Ministerio de Agricultura ha actuado como una pieza complementaria, pero la insuficiencia en las regulaciones persiste.

Para abordar esta problemática de manera integral, necesitamos fortalecer las disposiciones existentes y considerar la creación de un Centro Nacional de Toxicología. Este centro, en colaboración con la capacidad de inspección de los bomberos, podría asegurar un manejo más seguro de sustancias químicas peligrosas, brindando una respuesta efectiva ante posibles emergencias.

Es importante destacar que eventos como el ocurrido no son aislados en la historia, y para prevenir tragedias similares en el futuro, es imperativo fortalecer las regulaciones que rodean el uso de químicos altamente tóxicos. La creación de un Centro Nacional de Toxicología no solo proporcionaría una base sólida para la evaluación y gestión de riesgos, sino también para la actualización constante de regulaciones de acuerdo con los avances científicos y tecnológicos. Además, debemos establecer controles más rigurosos para la venta de sustancias letales y exigir calificaciones adecuadas para quienes manipulan toxinas y venenos letales.

Hasta el momento, el Gobierno ha tomado medidas como la prohibición de la importación del químico en cuestión, y el Congreso Nacional está considerando una ley para reforzar estas restricciones. Reconozco que es nuestro deber garantizar que las regulaciones que nos protegen estén a la altura de los desafíos actuales. Espero que mis colegas y yo podamos producir lo antes posible una pieza legislativa para que nunca más se repita una tragedia de esta naturaleza.