La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), rechazó hoy la asignación de un contrato grado a grado, por más de 500 millones de pesos, otorgado por el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP), bajo el alegato de la declaratoria de emergencia o urgencia para el arreglo de puentes, compra de agua, alimentos enlatados, mosquiteros, pizarras para el inicio del año escolar, así como otros gastos ante la ocurrencia de fenómenos y catástrofes naturales.

El presidente de la entidad de sociedad civil, Trajano Potentini, lamentó que la ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, haya sido prostituida y desvirtuada, dándole un uso alejado de sus fines y propósitos, y sobre todo sin cumplir en el contrato de referencia, con los criterios y requerimientos necesarios para la declaratoria de urgencia en justificación del grado a grado.

Agregó que esta situación fue una práctica del anterior incumbente de Obras Públicas con la empresa constructora ODEBRECHT, al tiempo que lamentó que se repita con el aval y participación del actual ministro de esa cartera.

Demandó transparencia y la licitación inmediata de los trabajos del malecón que envuelven más de 500 millones de pesos y llamó la atención de los países miembros del Tratado de Libre Comercio a los fines de que exijan y promuevan las acciones necesarias para la revisión y revocación de los contratos suscritos e intervenidos durante los últimos cuatro años, bajo el artificio y sin corresponderse con los criterios de la declaratoria de urgencia de la ley 340-06.  

Externó su preocupación, en ocasión de la resolución de la sala capitular del ADN que faculta, bajo convenio al alcalde y el ministro de obras públicas, intervenir o contratar bajo la modalidad que entiendan los trabajos de reconstrucción del denominado paseo marítimo 30 de mayo.