Trajeron material “rokash” porque en PR no hay espacio

La falta de espacio en Puerto Rico y mano de obra barata en la República Dominicana fueron algunas de las causas que motivaron el traslado a la bahía de Samaná de toneladas del material denominado rokash, declaró ayer el representante de Aitol Dominicana, empresa consultora ambiental.

Entretanto, continuó en aumento el número de personalidades que reclaman el retiro de esos desechos de la bahía de Samaná.

Se explicó que Puerto Rico no cuenta con espacio para tener el material utilizado como agregado para construcción y que los estudios de laboratorio que se hicieron los tiene la Secretaría de Medio Ambiente, porque requirió sus servicios en noviembre del año pasado.

El ingeniero Getulio Beato expresó que la empresa Aitol fue contratada por Multigestiones Valenza, otra compañía dominicana con capital norteamericano, para hacer un estudio de impacto ambiental con fines de instalar aquí una planta de procesamiento de ese material, que aunque se determinó que es tóxico, “tiene altas concentraciones de metales”.

Al preguntársele por qué procesar el material aquí y no en Puerto Rico, respondió que por razones puramente económicas y también por el hecho que la ley de Marina de los Estados Unidos impide que una embarcación transporte mercancía desde Puerto Rico hacia los Estados Unidos y viceversa, porque tiene que hacerse en una embarcación con bandera norteamericana, lo que es muy costoso.

También dijo que la mano de obra es más barata en República Dominicana, y hacerlo en Estados Unidos saldría muy costoso.

Dijo que la empresa Aitol fue a la planta de AES en Puerto Rico, de donde fueron tomadas muestras del material que fueron llevadas al laboratorio de la empresa y que lo que básicamente se hizo fue un análisis del agua residual que expide el material luego de mezclarlo con agua a temperatura y condiciones ambientales.

Explicó que se hizo en Manzanillo, porque la promotora principal de este producto está en las islas Bahamas, Saint Kitts como el sur de la Florida y esa zona permite estar más cerca de esos lugares.

Beato dijo que no es posible en estos tiempos trasegar materiales tóxicos por el mar, ya que lo prohiben las leyes internacionales. Manifestó que una planta generadora de electricidad que sea a base de carbón en Puerto Rico, no genera polvillo porque se mezcla con arena y agua, pero que en este país no se hace de esa manera.

Dijo que en la planta AES en Puerto Rico hay grandes cantidades de ese material al aire libre.

En el país, la ley 218 del 28 de febrero de 1984, presentada por el entonces diputado Miguel Angel Velázquez Mainardi y que prohibe el traslado al país de basura o cualquier tipo de desecho, fue el resultado de una lucha contra el proyecto para convertir una parte del municipio de Oviedo en un depósito de desechos tóxicos.

La pieza legislativa contó con el respaldo de todas las entidades ecológicas del país, especialmente del Instituto de Bioconservación y de la Asociación Química Dominicana.

[b]RECHAZAN DESECHOS[/b]

El Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, el senador por Samaná, Ramiro Espino, y la gobernadora de la misma provincia, Amada Manzueta, exigieron que se impida depositar ese material en territorio dominicano y pidieron que sea retirada la cantidad depositada en Arroyo Barril, Samaná.

López Rodríguez pidió que se establezcan responsabilidades y se aplique de manera despiadada la ley contra quienes han facilitado la acción. Dijo que no es difícil identificar a los bandidos que hayan autorizado esas operaciones.

Sin embargo, López Rodríguez descartó que se arreste a alguna persona en relación con el caso. “Lo que no se puede hacer es permitir que en el territorio nuestro estén depositando esto, nosotros no somos un basurero, hay que respetar a los dominicanos”, dijo.

El Cardenal externó sus consideraciones luego de inaugurar un monumento al Niño por Nacer, ubicado en La Plazoleta de los Curas, al lado de la Catedral.

En Monte Plata, el senador por Samaná reclamó que la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales hagan retirar de Arroyo Barril los residuos tóxicos provenientes de Puerto Rico y que se establezcan las responsabilidades penales correspondientes.

De su lado, la gobernadora de Samaná afirmó que hay responsabilidad compartida entre el cónsul dominicano en Ponce, Héctor Castillo Féliz, y la secretaría de Medio Ambiente en lo que concierne a la autorización para depositar esos desechos en territorio dominicano. Reclamó el retiro inmediato de los residuos.