FABIO R. HERRERA-MINIÑO
Desde que fuera promulgada la ley de fijar semanalmente los precios de los hidrocarburos, la ciudadanía ha sido esquilmada a conciencia y con meticulosidad por los gobiernos de turno, que así se han visto favorecidos con ingresos extras, en perjuicio de un consumidor que se ve ahogado por esos precios. De esa manera las autoridades han logrado una fórmula de aumentar los ingresos fiscales.

Los argumentos, para no reducir los precios de los combustibles cuando está estabilizada la tasa de cambio y los precios del petróleo no experimentan los aumentos exagerados, como aquellos que llevaron a más de $65 dólares el barril, plantea un asunto de conciencia o buena fe de las autoridades. Estas no actúan correctamente frente al país, ya que así abren una puerta fácil de aumento de ingresos en momentos que el país se aboca a ingresar al CAFTA-DR y en la vorágine de un proceso electoral.

El notable aumento del parque vehicular, registrado el pasado año cuando se suponía, por parte de algunos sectores, que la economía no había registrado el crecimiento que fue del 9,2%, indica que el consumo de combustibles se mantiene en alza, pese a los exagerados precios de los mismos, por lo que el fisco está de fiesta por unos impuestos que lo favorecen por esa demanda creciente. Esto es debido a que el ciudadano depende de su transporte privado para desplazarse en sus actividades, ya que el transporte público no es confiable; siempre se encuentra sumergido en un caos por la peculiar conducta de los sindicatos.

Como quiera que se le considere, la ley de los hidrocarburos, fue una trampa bien urdida por parte de los legisladores que la aprobaron, luego la promulgara el Ejecutivo, para acogotar al consumidor, el cual conoce que aquí no se importa semanalmente el petróleo o sus derivados, con la frecuencia de como se establecen los precios. La nueva excusa de que los precio se fijan de acuerdo al precio de la gasolina en los mercados internacionales, constituye una burla al país, aparte de que los precios supuestamente se fijaban en base al valor del barril de petróleo tipo Brent cuando ahora todo lo que se consume, crudo o destilado, se trae de Venezuela, Méjico o Colombia a precios asequibles al país y a su economía.

Es indudable que las ganancias son extraordinarias para los refinadores, que si compran el barril de petróleo o el coctel mezclado de productos semi procesados a menos de $60 dólares y si se compara a un precio de los $63 dólares que sirve de referencia, entonces no solo eso beneficia al gobierno, sino a la refinadora.

Es probable que los estrategas políticos del partido oficial estén preocupados ante el alza de los combustibles, que indudablemente no favorecerían los fines de mejorar de posición legislativa y municipal, por lo que será necesario estudiar que Industria y Comercio, con su afán fiscalista, no continúe apoyándose en datos manipulados para mantener una carrera alcista en los precios al detalle los combustibles. Eventualmente esos precios se elevarían por encima de los RD$150 el galón, y el gasoil, de consumo masivo, superaría los RD$100 el galón. Eso sería un detonante peligroso por las convulsiones sociales que se producirían, si tal fuere el absurdo de las autoridades en cerrarse, como los avaros, de ver mucho dinero en sus arcas y a un pueblo padeciendo de penurias, con precios de los combustibles alejados del alcance de los bolsillos de los usuarios.

Las autoridades, y los ideólogos del partido oficial, deberían ponderar cuidadosamente lo que podría llevarlos a su derrota si persiste la tendencia de los tecnócratas de continuar con el alza de los combustibles que no se justifican. Nadie cree en la verdad y la lógica de cómo se fijan esos precios. Todo el mundo sabe, que esa estrategia de buscar un dinero extra, no se convertirá en mejoría de la situación social de una buena parte de la población que bajo el programa de Solidaridad se le amortigua su pobreza, pero dejándolo indefenso y confundido de cual sería el destino de sus hijos o de sus familias.

Los precios de los combustibles son un detonante político de alta peligrosidad. Si hasta ahora las protestas han sido para el consumo de los medios de comunicación, sin llegar a explosiones de ira o de destrucción, como las que reportan las declaraciones de los dirigentes choferiles, aun cuando ellos aumenten los pasajes y lo fletes, no pasan de amenazas. Por ahora esa conducta de amagar y no dar, ha permitido continuar un proceso alcista inaceptable para la población, que si bien aparenta estar resignada a su suerte, de que nadie la defiende, podría en un momento dado explosionar cívicamente y alterar el clima de paz, que aun desestabilizado por la delincuencia, es soportable sin muchos riesgos, siempre y cuando no se ande por las calles en horas nocturna ni por sitios desolados.