El acuerdo de nuestro gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de octubre pasado estableció la obligación de revisiones trimestrales.  Entre el 18 y el 28 de mayo, y no es coincidencia que ocurrió tan pronto pasaron las elecciones, el FMI nos envió a sus analistas para una revisión. El 1 de junio, al regresar la misión a Washington, emitió una nota de prensa diciendo que “los resultados tempranos eran impresionantes”, aunque existían atrasos en la reforma eléctrica, pero se estaba progresando para estar listos para firmar la nueva carta de intención. El 30 de junio el Directorio del FMI tenía programado aprobar dicha carta, pero la discusión fue pospuesta. Estamos a finales de julio. ¿Qué está pasando?

El acuerdo fue muy generoso, pues entre enero y junio se recibieron muchísimos préstamos a cambio de muy poca condicionalidad, la cual fue diferida hasta el segundo semestre, cosa que el gobierno agradeció, pues lo dejaba libre de medidas impopulares durante el proceso electoral.  Pero tuvo un déficit presupuestal mayor que el acordado con el FMI, el cual también ha reducido su entusiasmo por políticas de déficit fiscales que buscan estimular el crecimiento de la economía mundial, para así salir de la crisis y ha vuelto, al igual que Alemania, a favorecer sus tradicionales políticas ortodoxas.

Ambas causas, una interna y otra externa, han dificultado la negociación de una nueva carta de intención.  Bajo el acuerdo nuestro gobierno se había comprometido, entre otras cosas a:

1. Aumentar la tarifa eléctrica precisamente durante el segundo semestre del 2010. Portavoces del sector eléctrico han dicho que no la aumentarán.

2. Que el déficit fiscal no exceda cierto nivel, cosa que se incumplió entre enero y marzo.

3. Reducir las exoneraciones fiscales, revisando leyes de incentivo como las de turismo, empresas fronterizas y la de proindustria. El Ministro de Hacienda anteanoche anunció que todavía estudia eso, aunque se modificará la de proindustria para evitar la evasión del ITBIS.

4. “Racionalizar y eficientizar” las leyes que crean los impuestos sobre los combustibles, pasando su administración a la Dirección General de Impuestos Internos. Durante mucho tiempo Secretarios de Comercio del PRD y el PLD, según la conveniencia política, dejaban de aplicar la ley, aun cuando ésta establece un mecanismo matemático simple para determinar los precios al consumidor de los combustibles basado en los precios internacionales, el costo del transporte y el tipo de cambio de nuestra moneda. En manos de una oficina recaudadora se presume  que aumentarán los precios cuando la fórmula lo exija, incrementando los ingresos fiscales.

5. Controlar el contrabando de productos petroleros. Algunas industrias con exoneraciones fueron encontradas revendiendo fuel oil y hasta se ha hablado de embarques completos llegando a puertos lejanos de la capital y que descargan sin pasar por la aduana.

6. La introducción de impresoras fiscales en los comercios.

En el 2003-2004 el gobierno perredeísta incumplió los acuerdos con el FMI.  Los del PLD los han cumplido y sería una gran lástima que ahora se caiga este acuerdo.  No sólo significaría la no-entrada de US$400 millones en préstamos blandos internacionales cuyos desembolsos están condicionados a la vigencia del mismo, sino que también provocaría una reducción de la confianza, tanto de inversionistas locales como extranjeros, un aumento en el riesgo-país y también en el costo para el gobierno y el sector privado de tomar prestado en el exterior.Las alternativas son claras:  aumentar la electricidad, con la consecuente inflación  (ya se calcula para este año una alta tasa de entre 6% y 7%), así como aumentar los combustibles, igualmente inflacionarios a través de nuevos mecanismos de fijación, o unas políticas de disminución de gastos que generaría algún desempleo.Como la inflación afecta a todos y el empleo tan sólo a algunos “compañeritos”, luciría que la política de reducción de gastos, en una economía en vía de un posible sobre-calentamiento, es la políticamente menos costosa.