En nuestra democracia el voto es directo. Se emite para otorgar poder político a candidatos específicos y los cargos así obtenidos son intransferibles, salvo casos de fuerza mayor previstos por las leyes. De ahí que la renuncia de dos regidoras de Santiago para dar paso a que asuman los cargos sus respectivos suplentes es, en primer orden, un acto de deslealtad hacia el electorado. Constituye una renuncia, no solamente a los cargos municipales, sino también un trato desdeñoso a la lucha de la mujer porque los partidos respeten sus derechos políticos.
No sabemos cuáles consecuencias jurídicas se pueden derivar de una decisión de esta naturaleza, que transfiere a terceros el voto otorgado, pero entendemos que el caso de estas regidoras, pertenecientes al PRSC, debe romper la inercia del Tribunal Superior Electoral, en el entendido de que esta transferencia irregular es una burla a la voluntad de los electores que podría caer, de oficio, en la jurisdicción contenciosa.
El papel natural de los partidos políticos es fortalecer la democracia, no herirla y debilitarla. En el caso que nos ocupa parecería que se postuló a dos mujeres para aparentar que se cubría la cuota de nominaciones femeninas. En caso de no ser así, el PRSC debería ser el primero en impedir esta transferencia burlesca de la voluntad expresada por los votantes.

Clamor contrael monopolio 

El clamor del sector empresarial para exigir que el Gobierno desarticule el monopolio que ejerce Fenatrado en el transporte de carga ha continuado para tratar de motivar una reacción del Gobierno que ponga la ley por encima de los intereses de grupos que vulneran el derecho de competencia, de empresa y la libertad de tránsito. Esta vez han dejado sentir su voz la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) y el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago.
La Constitución y varias leyes prohiben taxativamente las prácticas monopólicas y la competencia desleal, y además, el país ha suscrito múltiples compromisos internacionales que garantizan la libre competencia. ¿Es posible que aún en estas circunstancias se siga tolerando el monipolio?