CARMEN IMBERT BRUGAL
Arrogarse la representación de la mayoría, sólo está permitido a los políticos. El aval electoral y la adscripción de los partidarios validan sus prédicas. Tienen un mandato. El discurso será aceptado o rechazado, pero la réplica no es inmediata. El político habla desde el podio, la tribuna, sin interlocutor.

La vocinglería refrenda. Es un monólogo legitimado. Luego adviene el análisis, el comentario. La efectividad y legitimidad del discurso de los dirigentes comunitarios, de los rectores de organizaciones no gubernamentales, sin embargo, precisa de la confrontación previa. Antes de su divulgación debe ser evaluado por aquellos que delegan, en un vocero, su representación. Asumir la aprobación masiva de proyectos y reivindicaciones, acarrea confusiones, atrevimientos, errores. Algunos se arriesgan. Convocan, proponen y los resultados no son apetecibles.

Aquí hubo tres décadas de silencio, luego, cuando lo dicho disgustaba, provocaba la muerte, la pérdida de derechos, la rendición. La persistencia preservó la palabra, a pesar de exilios y recesos, conversiones y ofertas. La osadía ocupó salas de redacción, cabinas de radio, estudios de televisión. Se estrenaba la diversidad. Los opinantes aumentaron. Los partidos políticos sumaban militantes y comenzó la gestión cívica. Diferentes los propósitos, distinta la composición, después del tiranicidio la ciudadanía comenzó a organizarse. Agrupaciones religiosas, profesionales, empresariales, de campesinos, de mujeres, de personas preocupadas por el acontecer nacional y con deseos de institucionalizar el país, trabajaban, crecían. Lograron respaldo. Desde los grupos de reafirmación cristiana, auspiciados por el empresariado y la jerarquía católica, hasta movimientos coyunturales que predicaban la moralidad, el intento de participación ha sido constante.

La tenacidad de los regentes de esas entidades, en la década de los 80 y 90, fue determinante para la obtención de reformas legales importantes. La apresurada modificación constitucional del 1994 acogió propuestas reiteradas por organizaciones de la sociedad civil. Se estableció en la Carta Magna la prohibición de la reelección del Presidente de la República, la separación de las elecciones presidenciales de las congresuales y municipales, la segunda vuelta electoral, la creación de los colegios electorales cerrados, la preservación de la nacionalidad dominicana, aunque la persona adquiera otra, el Consejo Nacional de la Magistratura para la selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. El mérito de los ciudadanos organizados, no partidistas, fue indiscutible.

Empero, a partir de aquellas jornadas agotadoras y positivas, algo cambió. Admitirlo, no es derrota, sirve para reflexión y enmienda.

El Informe Nacional de Desarrollo Humano PNUD después de encomiar la existencia de los grupos sociales, subraya…»lo más importante es preguntarse si representan demandas sociales sentidas por la mayoría de la población, sobre todo de aquellos sectores que no tienen acceso a los medios de opinión para que sus demandas sean escuchadas en los circuitos de toma de decisiones». En un colectivo desmovilizado, agobiado por la cotidianidad y la multiplicidad de problemas, procede averiguar cuál es el procedimiento idóneo para establecer la sintonía con los demás. Cómo cambiar la sensación de representatividad limitada, a través de portavoces autorizados por minorías.

Cuando Mario Vargas Llosa optó por la candidatura presidencial en Perú, sus asesores electorales detectaron un inconveniente. Comprobaron que los votantes simpatizaban con la persona, no con el mensaje del afamado escritor. Los dirigentes de las organizaciones ciudadanas, deben utilizar ese aserto e indagar si existe dificultad con el mensaje o con los mensajeros. Del mismo modo, investigar si sus solicitudes trascienden el efecto inmediato del titular de periódico, la entrevista, la celebración de un seminario o de una conferencia.

Basta la observación de acontecimientos recientes para verificar cuán debilitados están esos grupos. Tal vez, concientes de la debilidad no se arriesgan y sus pronunciamientos parecen escarceos retóricos, a veces vanidosos y apegados a los requerimientos de una agenda individual.

Los privilegiados con derecho a opinar en nombre de los otros, expresan ideas propias, sin conexión con sus pares. Defensores del uso de la palabra, sin contradictores, repelen la disensión. Prefieren pactar con el poder formal antes de reconocer equivocaciones o estrategias fallidas. Sancionan comportamientos de funcionarios, denuncian infracciones y retornan a sus atalayas, satisfechos. Actúan como propietarios de la verdad, deciden sin escuchar. Reeditan las conductas excluyentes que repudian y aspiran modificar.

El micrófono, las cámaras, el reportaje, las asambleas, confieren poder fugaz. Adhesión efímera. El tiempo de seductoras arengas cívicas, pasó. Quien desconozca esa realidad continuará presidiendo reinados no partidistas, quebradizos, autoritarios y conservadores. Favorecerá la abulia ciudadana, la ficción del consenso. Se impondrá la egolatría y continuará inconclusa, la tarea que procura institucionalizar el país. La democracia exige demasiado, comienza por la transformación de sus propaladores y defensores.