Transfuguismo, ¿fenómeno posible de erradicar?

El debate que ha devenido de las primarias en torno a artículos de la Ley de Partidos y del Régimen Electoral que han sido a la vez cuestionados y defendidos con ardor, y que ahora están pendientes de un dictamen final del Tribunal Constitucional, debe servir de lección al legislador dominicano para que en el futuro los textos legales sean redactados de tal forma que no sean susceptibles de interpretaciones alejadas de su sentido y espíritu.
En el preámbulo final de la primera de dos elecciones que tendrán lugar en 2020 y cuando los esfuerzos de las organizaciones políticas y las autoridades deberían estar concentrados en la organización y en las propuestas de los partidos a los electores, la discusión sobre este tema ha creado un ambiente de incertidumbre y trastornadoras tensiones.
Independientemente de a quién beneficie o perjudique en su momento la sentencia que emita el Tribunal Constitucional, quizás lo relevante y trascendente es que se puedan sentar las bases para establecer si el transfuguismo es un fenómeno posible de erradicar en la República Dominicana o si se mantendrá con ley o sin ella como una práctica habitual tolerada y santiguada por la dirigencia política.
Nadie logra entender en su sano juicio, sobre todo desde cierta perspectiva de serenidad, cómo es posible que haya surgido este diferendo que mantiene en vilo al país si estas dos leyes marco del accionar de los partidos y de los procesos electorales fueron debatidas y aprobadas con el conocimiento de todo el espectro de la clase política y particularmente con aquellas organizaciones que tienen representación en el Congreso nacional.
De todas maneras y a pesar de la actual desconcierto en el ambiente político y social—que desvía la atención que la ciudadanía debería tener centrada en las ideas y proyectos de quienes aspiran a posiciones electivas— es importante que se defina en términos jurídicos qué va a pasar en el país con este mal del transfuguismo, que con particularidades y matices diferentes se observa como práctica constante y perversa en la mayoría de los partidos políticos en Latinoamérica.
¿Se podrá erradicar definitivamente, quedará siempre una vía de escape como un atavismo cultural, podrá atenuarse o de alguna forma cerrar el paso a quienes intenten ejercer el transfuguismo en el país si las legislaciones vigentes son objeto de una mejor clarificación que no se preste a dudas o vaguedades, o sólo bastará el dictamen del TC para que el tema quede definitivamente cerrado?
En el hemisferio el tema ha sido objeto de profusos debates doctrinarios donde juristas y tratadistas han formulado planteamientos que constituyen una especie de dicotomía entre el derecho a la libertad individual de participación política y el relativo a los deberes de lealtad e identificación partidaria que no siempre están claramente delineados en algunas leyes y principios normativos.
En consecuencia, se plantea como tema de discusión no siempre resuelto de forma adecuada, si el transfuguismo puede y debe ser regulado para evitar que tránsfugas acudan de un partido a otro cuando no vean satisfechas sus aspiraciones a una candidatura, y de alguna manera afectando también el principio de lealtad partidaria e incluso los derechos fundamentales que posee el ciudadano en el ámbito político cuando ha apoyado con su voto a un determinado aspirante a un puesto electivo.
Los que abogan por erradicar el transfuguismo justifican su lucha sobre la base de fortalecer el sistema de partidos y el sistema representativo a partir de la identificación del dirigente político con la ideología partidaria y con la plataforma electoral que le dotó de estructura e impulsó para tratar de llegar a un puesto de elección popular.
Sin embargo, en la práctica la dificultad doctrinaria consiste en cómo aplicar la preeminencia de la disciplina y lealtad partidaria sin menoscabar la libertad y el derecho que tienen los ciudadanos de cambiar de ideología y de partidos cuando éstos tengan razones que puedan demostrar valederas y de peso para dejar una organización e integrarse a otra. En el caso dominicano, el TC tendrá que emplearse a fondo para desatar esta enmarañada madeja y lograr salir airoso.